Garzón ofrece al Gobierno personarse contra la trama corrupta ligada al PP

El juez Baltasar Garzón dictó una providencia el pasado 17 de febrero en la que ofrecía a la Administración central, a través de la Abogacía del Estado, personarse en la causa abierta contra la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa, el hombre que montó todos los actos del PP cuando mandaba José María Aznar. Los negocios ilícitos que supuestamente perpetró esta red corrupta durante años estuvieron en su mayoría vinculados a decisiones políticas adoptadas en instituciones gobernadas por el PP.

La Administración central del Estado sería parte perjudicada en esta causa si se probase, como apuntan indicios que han aparecido durante la investigación, que la trama corrupta ha llevado a cabo blanqueo de capitales y otros delitos fiscales que han ocasionado perjuicios importantes a la Hacienda Pública. En tal caso, la administración pública se habría visto dañada por la actuación de la red corrupta que dirigía Correa y tendría derecho a defender sus intereses ante los tribunales, como ha ofrecido el juez a la Abogacía del Estado. El pasado 13 de febrero, Garzón rechazó la personación del PP en la causa al considerar que "ningún perjuicio existe [...] para el Partido Popular sino, en su caso, para las administraciones o instituciones a las que pertenecen las personas afectadas".

El juez ha pedido información a Italia, Suiza y Antillas Holandesas

El magistrado dictó que no había un perjucio al PP, sino a las instituciones

El Gobierno no ha respondido aún a la invitación. Cuando se recibió la providencia de Garzón había dudas respecto al órgano judicial que se iba a encargar de la causa, que de momento ha recaído en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Comunidad Valenciana, tras la inhibición de Garzón. En sus autos, el juez sugiere que la competencia real para instruir este caso corresponde al Tribunal Supremo, debido a que los delitos se cometieron en varias comunidades y hay posibles implicados que ocupan cargos en el Senado (Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP) y en el Parlamento Europeo (Gerardo Galeote, europarlamentario popular).

Además, será la Agencia Tributaria la que deba examinar si, a la vista de los datos conocidos, es conveniente la personación del Estado en la causa. Entonces, debería indicarle a la Abogacía del Estado que iniciara los trámites para llevar a cabo esta acción.

Durante toda la investigación judicial, la Agencia Tributaria colaboró con la Audiencia Nacional mediante la elaboración de distintos informes sobre los supuestos implicados. También la brigada para prevenir el blanqueo de capitales trabajó en la causa. "Después de Semana Santa habrá una decisión respecto a si hay personación del Estado en la causa", indicaron a este periódico fuentes gubernamentales.

El primer auto de Garzón sobre esta causa apunta múltiples indicios de "defraudación fiscal y el movimiento de dinero en el extranjero y un entramado de sociedades para colocar el importe en territorios offshore (paraísos fiscales) o cuya falta de transparencia fiscal o cooperación impide, gracias a las técnicas de ingeniería financiera, alcanzar los fondos desplazados".

La investigación policial y judicial de la trama corrupta se inició en agosto de 2008 y ha detectado un conglomerado de sociedades de "inversión especulativa" cuyo objetivo era "la búsqueda de operaciones inmobiliarias o la gestión del patrimonio personal de Francisco Correa".

La trama había montado una estructura internacional con sociedades en paraísos fiscales con el objetivo de blanquear dinero. Durante la instrucción, el juez Garzón ordenó comisiones rogatorias internacionales para recabar distintos datos a Reino Unido, Italia, Holanda, Suiza y Antillas Holandesas. La red también tejió numerosos negocios basados en facturas falsas y, por tanto, en la evasión al fisco de muchos de los beneficios que obtenían por su actividad ligada al tráfico de influencias y el cohecho. Más de una decena de cargos públicos del PP han sido imputados en una causa que ahora instruyen los tribunales superiores de justicia de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Durante la investigación, Garzón ordenó numerosas intervenciones telefónicas a los principales implicados de la red empresarial que fueron prorrogadas a petición del fiscal. Entre el 4 de septiembre de 2008 y el 12 de febrero de 2009, las conversaciones de los principales sospechosos a las órdenes de Correa estaban siendo escuchadas por la policía por orden de Garzón.