La prensa estorba al eje bolivariano

Ocurrió el jueves en Santa Cruz, la capital del oriente boliviano. Dos reporteros de la cadena de televisión Unitel filmaban la detención de un agricultor en pleitos de tierras con el Estado. Un grupo armado lo trasladaba, maniatado y encapuchado, al aeropuerto, para enviarlo a La Paz. Los dos periodistas seguían al convoy, hasta que una de las furgonetas embistió su vehículo. Tres hombres de paisano los obligaron a bajar, los golpearon y ametrallaron la cámara, que se llevaron consigo, destrozada. Los reporteros identificaron a los asaltantes como miembros de la unidad de élite de la policía.

Se trata del más reciente de los incidentes con los medios que han jalonado el mandato de Evo Morales, cuya alergia a los periodistas es compartida por sus aliados bolivarianos. Este mismo sábado, el Gobierno venezolano anunciaba la clausura de 29 emisoras de radio -que se unirán a las 34 ya cerradas en agosto- y nuevas sanciones contra la asediada Globovisión. También el canal ecuatoriano Teleamazonas y varias radios podrían tener los días contados si prospera la cancelación de licencias exigida el domingo pasado por el presidente Rafael Correa. Y en Managua, Daniel Ortega arremetía ayer de nuevo contra los periodistas, acusándolos de servir "a los enemigos del pueblo".

"Se toman medidas para asfixiar a la prensa", explica el presidente de la SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a 1.300 publicaciones del continente, ha dado la voz de alarma. "En los tres últimos años se está imponiendo un patrón de acoso sistemático a los medios independientes en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y, en menor grado, Argentina", explica desde Bogotá Enrique Santos, presidente de la SIP. "Los presidentes emplean contra ellos un lenguaje agresivo y beligerante, ligándolos a complós, minando su credibilidad. Todo ello acompañado de medidas específicas para asfixiarles".

En otros lugares, como México, Centroamérica, Brasil o Colombia, la violencia contra los periodistas está ligada sobre todo al crimen organizado o la corrupción. Lo preocupante con Hugo Chávez y sus aliados, insiste la SIP, es que se han embarcado en una ofensiva de Estado contra la libertad de expresión.

Da la impresión de que la prensa estorba al Socialismo del Siglo XXI. Los medios, afirman los dirigentes bolivarianos, responden a "intereses de la oligarquía y el imperialismo" y "tergiversan la realidad". "Hay una serie de vicios que tiene la prensa, que son un atentado a los intentos de cambio para bien de nuestra América", declaraba recientemente Rafael Correa, que ha anunciado que, desde la presidencia de turno de Unasur, propondrá un organismo regional para "vigilar" a los medios.

¿Tienen algún fundamento esas denuncias? ¿Está la prensa demasiado "politizada"?

"En Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua vivimos un proceso de polarización extrema, y es inevitable que eso se refleje en los medios", asegura Marco Dipp, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia. Además, la falta de una oposición articulada y la fragilidad institucional han convertido a la prensa "en uno de los principales instrumentos de fiscalización del poder". Y eso tiene sus riesgos.

"Claro que hay errores y excesos", afirma Enrique Santos, pero son parte "de la dinámica de la libertad de información, de la lucha de opinión. Para eso están los instrumentos legales". Sin embargo, las acciones emprendidas por los mandatarios bolivarianos van mucho más allá de los roces tradicionales entre el poder y los medios, y apuntan a una estrategia de control de la información y limitación de la libertad de prensa.

Una estrategia que repite el mismo esquema: empieza con insultos y descalificaciones, sigue con agresiones físicas por parte de grupos de choque oficialistas (sobre todo en Venezuela, Bolivia y Nicaragua), acoso judicial, medidas de asfixia (como el reparto de pautas publicitarias o los impuestos al papel fijados en Ecuador) y el cierre de medios. Simultáneamente, estos Gobiernos, denuncia la SIP, están conformando poderosas redes de prensa con fondos públicos para usarlos como aparato de propaganda.

Venezuela marca la pauta. La clausura de Radio Caracas Televisión y de 34 emisoras, el acoso a Globovisión o la "ley mordaza" que el Gobierno coló en la reciente de ley de educación, generan un panorama de paulatino silenciamiento de los medios.

Rafael Correa se ha convertido en el alumno más aventajado de Chávez. Desde su programa semanal de radio, a imagen del Aló, Presidente, recomienda cosas como esta: "Apaguemos el televisor y tengamos la mente limpia. No es necesario leer periódicos". "Nunca antes un presidente había convertido a la prensa en su principal enemigo", dice Emilio Palacio, editor de Opinión del diario El Universo, en la mira del Gobierno.

Correa apuntaba maneras cuando en 2007 se refirió a una reconocida periodista ecuatoriana como "gordita horrorosa", porque le había hecho unas preguntas que le incomodaron. De los insultos pasó a los hechos y desempolvó una ley expedida durante la dictadura, en 1975, que ha servido para emprender procesos judiciales contra varios medios, algunos por "atentado contra la seguridad nacional". Al mismo tiempo, las autoridades han iniciado un proceso de revisión de las licencias de radio y televisión, como en Venezuela, y ya han advertido que van a caer "algunas vacas sagradas". Los efectos se empiezan a sentir y la autocensura, detecta la SIP, está anidando en muchos medios ecuatorianos.

En Bolivia se han registrado 90 agresiones a periodistas en los últimos nueve meses, señala Marco Dipp. "De momento no hay leyes mordaza, pero el temor es que, después de las elecciones de diciembre, se incluyan en la anunciada reforma judicial". Evo Morales ha suspendido las conferencias de prensa y sometido a escarnio público a algunos reporteros. "Sólo el 10% de los periodistas son dignos", ha dicho. El resto, miente. "¿Diremos la verdad si hablamos bien del Gobierno?", se pregunta la periodista Silvia Padilla.

Su homólogo Daniel Ortega no se queda atrás. Según la SIP, el Gobierno ha concentrado pautas publicitarias en medios de comunicación pertenecientes a la familia del presidente, además de recurrir a un poder judicial controlado por el sandinismo para asediar a los periodistas incómodos, como Carlos Fernando Chamorro. Otra veces son las turbas oficialistas las encargadas de poner orden a base de asaltos y palizas.