"Si la situación se deteriora más puede haber un conflicto social"

El secretario general de CC OO de Euskadi, Unai Sordo, propone al resto de los agentes sociales, económicos y políticos, un gran acuerdo en materia fiscal y de empleo que mejore el poder adquisitivo y el empleo, pero también la competitividad.

Pregunta. El presidente de Confebask se preguntaba hace cuatro semanas si los trabajadores no aceptarían pagar algo más para frenar el desempleo.

Respuesta. La propuesta fiscal de Confebask es un despropósito y espero que tenga más que ver con marcar una posición distinta de la del mundo sindical y político, que ya ha asumido que sin más recaudación fiscal se van a deteriorar los servicios sociales.

P. Ellos proponen bajar todos los impuestos y las cotizaciones a la Sseguridad Social...

La no actualización de los convenios merma los salarios en unos 1.300 euros

El debate del copago es el del repago. La sanidad ya está pagada

R. Los problemas de este país son muy serios y las soluciones han de ser serias. No creo que estén hablando en serio salvo que quieran llevar a Euskadi a la quiebra.

P. La propuesta que ustedes van a presentar a las Diputaciones y el Gobierno tras las elecciones está en las Antípodas.

R. Si los problemas son que la demanda interna está paralizada porque hay paro y porque hay menos renta disponible al no actualizarse los salarios, y además existe un problema de recaudación que podría agravarse, y que puede provocar un deterioro de servicios públicos, las soluciones son claras. Hay que actualizar los salarios, diseñar una reforma fiscal que mejore la recaudación y pactar un plan de empleo que además mejore la competitividad de las empresas

P. ¿Cuál es su propuesta fiscal?

R. Es imprescindible llegar a acuerdos razonables para incrementar la recaudación afectando, no al conjunto de los ciudadanos, sino a las rentas más altas y a las de capital. Estamos hablando de exigir a las Diputaciones que mejoren la lucha contra el fraude y estamos hablando de reponer el Impuesto de Patrimonio. Tenemos que integrar las medidas fiscales, con las de empleo y las salariales. No estamos hablando de una revolución fiscal.

P. ¿Se puede cuantificar el precio que están pagando los trabajadores en esta crisis?

R. Además del paro, que ya afecta a 142.600 ciudadanos, la parálisis de la negociación colectiva, de dos, tres, y cuatro años en algunos convenios está suponiendo una merma de unos 1.300 euros brutos en salarios medios. Si le sumamos el IPC de 2011, que andará en el 3%, hablamos de unos 1.500 euros de actualización salarial.

P. Plantear subidas salariales es casi un tabú en la actual situación.

R. Ya nadie duda de que los ajustes en las economías están contribuyendo a paralizar y ralentizar la salida de la crisis. La pregunta, a partir de ahí, es si los agentes vamos a ser capaces de concretar un compromiso de actualización y de previsión a dos años vista para que empresarios y trabajadores tengan claro el escenario de gastos e ingresos. No se trata de ahogar la economía productiva ni de reducir la competitividad en el plano exportador, sino de situar al país en una mejor posición para salir de esta, y hacerlo en un clima de recuperación de la confianza entre trabajadores y empresarios.

P. ¿No le parece arriesgado, podría quedar en papel mojado?

R. Somos conscientes de la complejidad de este país, pero que no sirva para nada sólo es una opción. Si prima la responsabilidad y amasamos un gran acuerdo, aunque sea de mínimos, pero conjunto e integrado, estaremos mandando un mensaje de confianza a la sociedad muy importante. El premio merece la pena el riesgo. Es una cuestión de responsabilidad.

P. ¿Teme que están triunfando las propuestas más liberales en Europa?

R. Está en juego el Estado del Bienestar. Estamos asistiendo a la concreción de los déficits de la arquitectura europea. Y a una rebelión de las élites financieras y económicas. Tras el estallido de la burbuja financiera en Estados Unidos los especuladores y los mercados están intentando que las pérdidas de valor de todos sus negocios y activos la paguen los trabajadores y el sector público, a través de privatizaciones y de rescates de las instituciones financieras. Lógicamente esos fondos salen de los bolsillos de todos los ciudadanos. Es una ofensiva que merece una respuesta desde todos los ámbitos. En ese contexto encaja la movilización del 15-M, la de los indignados.

P. ¿Hay que indignarse frente al debate del copago en la sanidad y en los servicios públicos?

R. Hay que indignarse por muchas cosas. Hay elementos como el copago, que yo llamo el repago, porque si alguien no se ha dado cuenta la sanidad ya está pagada, que no se pueden abordar al tiempo que se habla de reducir impuestos. Así nada público sería viable. Hay que indignarse, tomar posición y hacer propuestas para mejorar muchas cosas.

P. ¿Tienen alguna propuesta para evitar los desahucios?

R. Siete desahucios al día son una barbaridad. A las empresas con problemas de pasivo se les ayuda a salir de esa situación. A las familias se les desaloja. Creemos que hay que crear una oficina o servicio público que ayude a las personas a superar esa situación a través de alquileres temporales, o de la dación en pago. ¿Cómo puede ser que el valor de la vivienda no sirva para zanjar la deuda? Esto es un drama social, y si esto sigue así, si se sigue limitando el crédito y si se sigue deteriorando la situación económica se puede general un conflicto social de primera magnitud, está ya ahí...

P. ¿En qué foro hay que llegar a acuerdos? ELA y LAB rechazan la Mesa de Diálogo, el Estatuto de Autonomía...

R. Ellos sabrán por qué se han instalado en el no y se han autoexcluido. Es una decisión que creemos absolutamente irresponsable. Nos da igual el foro, pero el país no puede avanzar sin medidas urgentes.