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Reportaje:

"No quiero ayudas, pido un trabajo"

El venezolano Álvaro Marrero, ingeniero electromecánico, es una de las 27.000 personas que cobran la renta básica

Mikel Ormazabal

Cuando Álvaro Marrero decidió venir a España lo fió todo al consejo de un amigo: "Aquí vas a tener muchas oportunidades". Vive desde hace casi un año en Rentería, donde sigue esperando que le llegue al menos una oportunidad. Este venezolano de 33 años, casado y con dos hijos, es ingeniero técnico electromecánico, una cualificación profesional que no puede poner en práctica por carecer de papeles. Se dedica a hacer trabajos esporádicos muy mal remunerados. No le llega para mantener a la familia y por eso tiene que recurrir a las ayudas de emergencia social.

"He tocado muchas puertas. Todos quieren darme trabajo, pero no pueden saltarse las leyes", afirma con resignación. Recibe una renta básica de 230 euros mensuales para costear una renta de 500 euros al mes por el alquiler del piso, además de unas becas para pagar el comedor escolar de los niños. "las ayudas son bienvenidas, porque alivian, pero yo necesito que me permitan trabajar. Nosotros no estamos acostumbrados a recibir dinero en nuestro país", dice.

"Nosotros no estamos acostumbrados a recibir ayudas en nuestro país"

Es una de las aproximadamente 27.000 personas (la cifra varía todos los meses) que en Euskadi están cobrando la renta básica. De ellas, algo más de la cuarta parte son inmigrantes. En la comunidad autónoma hay censados unos 85.000 extranjeros, que representan el 4,7% de la población total.

De su país natal emigró a Colombia, donde trabajó como taxista. De allí fue a las Antillas Holandesas, y después recaló en Miranda de Ebro (Burgos), donde subsistía del salario que recibía su mujer, empleada interna en un hostal. Cuando llegó a Rentería, encontró la colaboración desinteresada de Cáritas y la Cruz Roja, que le facilitaron cobijo y ayuda para comer y algo de dinero para encontrar un puesto de trabajo.

Allí donde va, siempre recibe la negativa por respuesta: "Tengo algunas posibilidades de trabajo, pero me falta los papeles". Por eso, se dedica a repartir tarjetas de visita, en las que pone: "Álvaro Marrero, técnico especialista. Se hacen reparaciones en casas", seguido de su número de teléfono. "Algunos me llaman, pero el último mes no gané un duro. Eso me desespera y afecta a mi orgullo profesional. Hace unos días gané 35 euros en una casa y por reparar unas lámparas en un portal", asegura.

Su esposa, que en Venezuela dejó sin acabar los estudios de Ingeniería de Minas y ahora los reanudará si supera las pruebas de acceso a la universidad, es la que lleva el jornal a casa. Trabaja como empleada del hogar. "Gracias a ella y a las ayudas sociales podemos subsistir a duras penas", admite Marrero.

En una situación semejante se halla el ecuatoriano Ramón Hernández, de 54 años, padre de tres niños, residente en Hernani desde hace seis años y en situación regular. "Los doctores me prohibieron hacer trabajos esforzados porque sufro del corazón", afirma. Cobra 221 euros al mes, la mitad de lo que paga por el alquiler de la vivienda. "No puedo trabajar y me fastidia estar de manos cruzadas todo el día", asegura. Su mujer sostiene el peso económico de la familia, aunque de forma ocasional Ramón consigue contratos breves para trabajar cuidando enfermos por la noche.

El efecto de la inmigración

La llamada renta básica tiene la finalidad de garantizar una cantidad mínima de recursos económicos para las familias que están por debajo del umbral de la pobreza. En torno a esta prestación social se ha suscitado un debate por el malestar que han expresado muchos ciudadanos autóctonos al comprobar el notable aumento de ciudadanos extranjeros beneficiarios de la misma. Patxi Sandín, del Departamento de Bienestar Social de la Diputación alavesa, confirma el "descontento general", motivado porque "la ciudadanía que contribuye a mantener con sus impuestos el sistema público de servicios sociales no es, a la postre, la población diana que recibe las ayudas". "Existe una distorsión y eso llega a la administración".

También es motivo de discusión la necesidad de abordar una nueva modificación legal para rebajar de los 23 años a los 18 la edad mínima para acogerse a la renta básica. La diputada del ramo en Guipúzcoa, Mari Carmen Marín, no ve conveniente reducir el límite porque "a esas edades lo prioritario es ayudarles a encontrar un trabajo". Marín pone el acento en que el País Vasco garantiza una cantidad muy superior (579 euros) a otras comunidades autónomas.

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Sobre la firma

Mikel Ormazabal
Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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