El primer juicio a un jefe de la Inspección Fiscal

Es la primera vez en Euskadi que el principal responsable técnico de combatir el fraude fiscal va a ser juzgado por encubrirlo. Tal vez por eso, el juicio que comienza mañana en la Audiencia de Vizcaya es uno de los de mayor duración prevista de los celebrados hasta ahora en el País Vasco: casi dos meses. Y otro punto singular es que han transcurrido más de siete años desde que un juzgado de Bilbao iniciase la investigación y ocho desde que la Fiscalía Anticorrupción comenzase a investigar.

El protagonista es Juan Ramón Ibarra, subdirector de Inspección Fiscal de Vizcaya entre el 1 de febrero de 1989 y el 5 de febrero de 2004, cuando fue destituido por la Diputación al abrirse la investigación judicial. En función de su cargo, era el responsable de controlar que los contribuyentes pagasen lo que debían y solo tenía como superiores a dos cargos políticos: el director de Hacienda y el diputado foral.

Ibarra está acusado de cinco delitos por evitar inspecciones a empresas y personas

La fiscalía asegura que el imputado cobró 337.000 euros por su actuación

Junto a él están imputados otros tres funcionarios de Hacienda por supuesta colaboración en la trama. Los delitos son prevaricación, falsificación e infidelidad en la custodia de documentos, a los que en el caso de Ibarra se le unen los de desobediencia y cohecho. Este último es uno de los más llamativos, ya que la fiscalía acusa al ex jefe de la Inspección de haber cobrado "como mínimo" 337.000 euros por dar un trato a favor a casi 170 contribuyentes, la mayoría empresas y sociedades.

La investigación del Ministerio Público establece que el trato a favor se produjo al impedir Ibarra que estas compañías fuesen inspeccionadas. Para ello estableció un sistema peculiar: implantó un sistema informático para bloquear la vigilancia a esos 170 contribuyentes, sin "otra justificación que excluirles de la posibilidad de verificación de cumplimiento de las obligaciones tributarias", señala la Fiscalía de Vizcaya. Así, sin su autorización no se podía realizar ninguna inspección en estos casos, lo que contravenía los procedimientos internos. Ibarra se arrogaba una tarea que no le correspondía: la vigilancia directa, ya que él no se dedicaba a instruir expedientes.

La fiscalía relata varios ejemplos: a la sociedad Airlan se le abrió una inspección en marzo de 2002; dos meses después, Ibarra "alteró el alcance de las actuaciones inspectorales limitándolas a retenciones de trabajo personal". En el caso de High Tecnology Management, Ibarra ordenó que cesase la investigación fiscal en junio de 2001. El plan de análisis al grupo empresarial Aguinaga-Llantada fue retirado por el acusado sin realizar "actividad alguna de comprobación" del fraude que se sospechaba. Y las sociedades Biltosan y Maderas Negrete, con una inspección abierta en diciembre de 1995, vieron archivada la misma "a petición del acusado" sin practicar "actuaciones inspectoras ni de comprobación".

Uno de los casos más llamativos es el supuesto fraude de 4,2 millones de euros descubierto por un inspector en 1997 en las firmas Inversiones Galax, Estigia, Angal, Promociones Negra y Promociones Bartal. Al año siguiente, Ibarra señaló que "era aventurada" dicha estimación de deuda y en 1999 la investigación quedó archivada.

Ibarra desobedeció también, según las diligencias practicadas, a su inmediato superior, el entonces director de Hacienda Javier Muguruza, al descubrir éste que se estaba bloqueando la inspección a un asesor fiscal vizcaíno, Fernando Gómez. Muguruza exigió que se borrase la lista de supuestos favorecidos, pero el ex jefe de la Inspección "no acató la orden, sino que además cargó en la aplicación a dos contribuyentes más" y luego "persistió en su actuación" hasta 2003, cuando intervino Anticorrupción.

El acusado argumentó en su declaración al juez instructor que el listado de contribuyentes existía, pero su intención era proteger a empresas en crisis o amenazadas por ETA. Las investigaciones no hallaron un trato favorable a ningún partido, hipótesis con la que se trabajó inicialmente, pero un informe de la Agencia Tributaria descubrió ingresos no justificados de Ibarra por valor de 337.000 euros. Con ello, la fiscalía estima que el acusado recibió una contraprestación económica por su labor.

El ex jefe de la Inspección adujo que heredó esa cantidad de su padre, fallecido en 2003. Sin embargo, la fiscalía asegura que la funcionaria de Hacienda que practicó la liquidación de dicha herencia, advirtió de que "dichas cantidades no se encontraban en las cuentas titularidad del fallecido".