El juez no ve extorsión en el Puerto bilbaíno

La causa penal del Puerto de Bilbao se ha desinflado por completo. Aquella gran operación dirigida por la Audiencia Nacional en 2006, que supuso el traslado a Madrid de sindicalistas y empresarios del Puerto por supuestas prácticas delictivas en la contratación de camiones, es ahora un sumario archivado. El Juzgado Central de Instrucción número 6, en un auto dictado el pasado 27 de agosto, echa por tierra la larga investigación de la Ertzaintza, que se inició hace tres años. "Lo único que queda acreditado", dice, tras las "numerosas diligencias practicadas", es lo que se sabía desde 2001 -cuando el Tribunal de Defensa de la Competencia multó al sindicato Sintrabi-: que hay prácticas restrictivas de la competencia pero ningún delito penal.

El magistrado Eloy Velasco señala que no hay ninguna prueba de que los imputados amenazaran a otros camioneros y causaran daños en sus vehículos. Concluye que en las diligencias "no aparece debidamente justificado la perpetración del delito", por lo que decreta el sobreseimiento provisional. El magistrado asume íntegramente el escrito presentado la víspera del auto por la fiscal Teresa Sandoval.

La Ertzaintza inició su investigación de este caso después de una denuncia del Gobierno vasco, en 2005, por lo que denominó "prácticas ilegales en el Puerto de Bilbao". Se refería al modelo del transporte de mercancías: un sistema cerrado controlado por Sintrabi y unas pocas empresas que obliga a las consignatarias a trabajar con los transportistas que se les asigna. Los camioneros deben disponer de una licencia para acceder a las cargas, por la que se han pagado los 84.000 euros por camión.

La operación implicaba, además, a los directivos de las principales compañías que operan en el Puerto de Bilbao y supuso importantes perjuicios para los miembros de Sintrabi. Durante más de medio año -el tiempo que duró el secreto de sumario- no pudieron disponer de la documentación incautada, como las nóminas o albaranes, y ordenadores.