Euskadi atiende ya a más de 6.000 dependientes moderados
Es una de las pocas comunidades que cumplen el calendario de la ley
Euskadi es una de las pocas comunidades autónomas que cumple con el desarrollo de la Ley de Dependencia, una norma cuya viabilidad ha sido puesta en tela de juicio por el presidente electo, Mariano Rajoy. Lo hace siguiendo el calendario, que establece que desde enero de 2011 las personas dependientes moderadas, aquellas que precisan de ayuda para llevar a cabo actividades básicas rutinarias por lo menos una vez al día o de forma intermitente, tenían que haber empezado a recibir las ayudas establecidas por la norma. Esto no ocurre en otras comunidades, donde el desarrollo de la ley está prácticamente paralizado, mientras que en el País Vasco los dependientes más graves ya suponen el 3,56% de la población, según datos de 2010.
En Álava el 44% de los moderados espera a recibir una ayuda
"Es la comunidad en la que más gente se queda sin grado de dependencia"
En total, ya hay más de 6.000 dependientes moderados que reciben ayudas, 3.286 en Bizkaia, 765 en Álava y 2.171 en Gipuzkoa. Según un informe del Ararteko, en julio de 2010 había ya 77.352 personas con un grado de dependencia reconocido -grandes dependientes, dependientes severos y moderados-.
"Si no llega a ser por el País Vasco, Castilla y León, y Andalucía no habría un aumento del número de dependientes en España", contextualiza José Manuel Ramírez, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. "Hay comunidades que no solo no se han metido a atender a los dependientes moderados, sino que han anunciado que no lo harán". Cataluña y Aragón, por ejemplo "se han declarado insumisos", indica Ramírez, al tiempo que recuerda que el calendario de la extensión de la ley forma parte del articulado.
Euskadi es una comunidad modélica en materia de dependencia, con los ratios más favorables en el número de dependientes por habitantes -solo los severos rebasan el 3% de la población, a pesar de que las tres diputaciones vascas hacen que Euskadi sea "la comunidad en la que más personas se quedan sin grado de dependencia", explicó el propio Ramírez en una reciente visita a Vitoria-. Además, también es ejemplar en el limitado número de personas que permanecen en el limbo de la dependencia y en el número de ayudas por persona, que en Álava es de 1,23 recursos por cada dependiente severo.
"La ventaja del País Vasco es que ha integrado la dependencia en los servicios sociales de carácter local, aprovechando la el valor de proximidad de los ayuntamientos, para hacer el Programa Individual de Atención [PIA, el documento que recoge las ayudas a las que puede acceder el dependiente], lo que hace que el proceso sea más agil y más eficiente", indica Ramírez.
Ser una de las comunidades autónomas en cabeza no supone, sin embargo, que el sistema sea idílico. "Si nos comparamos con los peores, por supuesto que estamos mejor", explica Mar Resa, trabajadora social y responsable de programas de Ascudean, la asociación de familiares cuidadores de personas mayores dependientes de Álava. Resa apunta que, en esta provincia, el 18% de los dependientes de mayor gravedad mueren esperando, el 14% en el caso de los atendidos por su asociación.
Desde Gipuzkoa explican que el desfase de las cifras entre los dependientes reconocidos como tales y los que reciben recursos "no es atribuible a que estén en situación de espera, en muchos casos simplemente no han realizado todavía ninguna solicitud" del tipo de ayuda.
En el momento de elaboración del informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia del Ararteko en 2010, casi uno de cada cinco personas con un grado de dependencia reconocido no tenían la ayuda aún. Solo en Gipuzkoa, 280 personas en total esperan a recibir una prestación económica para recibir cuidados y otros 342 dependientes aguardan para ingresar en una residencia para personas mayores. Entre los moderados alaveses, quienes reciben la ayuda son el 56% de los tienen reconocida la dependencia, un total de 1.368 personas. El resto está a la espera. En Gipuzkoa, otros 932 están en la misma situación.
La ley establece un máximo de seis meses para resolver los expedientes, lo cual permite acotar los tiempos. Sin embargo, en el caso de Euskadi, a ojos de algunos expertos es negativo: "Antes Álava prestaba la ayuda a domicilio en un mes, o un mes y medio", recuerda Resa. Con la ley, añade, el plazo de seis meses legitima a las administraciones a conceder las ayudas más tarde.
Más dinero que servicios
Euskadi sigue la tendencia de toda España a la hora de optar por un recurso u otro. La Ley de Dependencia plantea un abanico de ayudas entre las que establece como prioritarias aquellas en forma de servicios -centros de día, residencias o la ayuda a domicilio-, que son al mismo tiempo una fuente de creación de empleo y una alternativa con un alto coste para las administraciones públicas.
Sin embargo, en Euskadi, como en el resto del Estado, la mayoría de los recursos solicitados es la segunda línea de recursos, los de naturaleza económica. Aunque sigue la tendencia, el caso de Euskadi es uno de los más equilibrados.
Según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el 40% de los dependientes recibe la ayuda económica -en otras comunidades esta opción alcanza el 80% porque es la más barata para las administraciones-, el 20% está en residencias y el 20% recibe ayuda a domicilio.
Mar Resa, trabajadora social de la asociación Ascudean, que agrupa a familiares cuidadores de Álava, explica que muchas familias optan por solicitar dinero porque en muchas ocasiones el recurso asistencial que se ofrece, la ayuda a domicilio, permite el cuidado durante unas pocas horas al día. Esto hace que muchos opten por elegir la cuantía económica y organizar a su manera los recursos, contratando a una persona para el cuidado de su familiar o para cuidarlo ellos mismos.
Aumenta la dependencia cero
Años después del comienzo de la aplicación de la Ley de Dependencia, los casos más graves ya están dentro del sistema de protección que recoge la norma estatal. Así lo reconocen desde la Diputación foral de Álava, que apuntan que si en 2007 solo el 5% de las personas evaluadas no tenían ningún grado de dependencia, en 2011 el porcentaje de no dependientes según los indicadores de la Ley de Dependencia, han aumentado hasta el 20%. Es decir, dos de cada diez personas valoradas no tienen ningún grado de dependencia. Por tanto, aumenta el número de solicitantes que no entran en el sistema.
Al mismo tiempo, la gravedad de las personas que sí se pueden beneficiar de la Ley de Dependencia disminuye. Desde la Diputación alavesa destacan que esto es indicativo de que "las situaciones más graves se detectaron en los primeros momento de la puesta en marcha de la ley", según recalcan desde la institución foral.
Eso no quiere decir que vaya a caer en picado el número de personas solicitantes o de beneficiarios. Desde la Diputación de Gipuzkoa se espera que "el número de moderados se vaya incrementando y el de severos se estabilice o reduzca ligeramente.
Todo ello después de que, en más de cuatro años desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, solo teniendo en cuenta el número de dependientes haya rebasado las previsiones en un 42%, 22.800 personas más de las que las diputaciones estimaron en un principio.
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