No habrá derribo (hoy) en la Cañada Real

"De la Cañada no me muevo, todo el dinero que he ganado lo he invertido en esta casa", asegura Abdul Ghailan cabizbajo, con la cara desencajada por la incertidumbre, el cansancio y el sol. Como una pesadilla que se repite una y otra vez, vuelve a verse las caras, casi cuatro años después, con el expediente de derribo que planea sobre su casa.

Un centenar de vecinos de Abdul y una treintena de personas vinculadas al Movimiento 15-M y a la acampada itinerante que el lunes se instaló en la plaza de la Constitución de Rivas, se concentraron ayer por la tarde frente a la casa de Ghailan para impedir el derribo de la vivienda que tiene dos plantas de color salmón, a la que se accede por una pista sin asfaltar. Allí permanecían anoche ante el riesgo de que, como ocurrió el martes en otra vivienda del poblado, la pala municipal llegara de madrugada a cumplir la orden judicial de demolición. Y allí siguen hoy. Medio centenar de simpatizantes de 15-M y de la asamblea de Rivas han tomado el relevo a los vecinos y comienzan a verse algunas caras conocidas del kilómetro cero y varias de sus tiendas de campaña. Unas treinta personas han pasado la noche frente a la casa de Abdul. También había voluntarios que colaboran habitualmente en la Cañada Real y el abogado de la familia ha pasado toda la mañana con ellos.

Los indignados, en su mayoría componentes de la asamblea de Rivas, difundieron la convocatoria a través de los canales de información del 15-M -redes sociales y correos de las asambleas de cada barrio-. La parroquia de San Carlos Borromeo también extendió el mensaje.

El párroco de la iglesia de Santo Domingo de la Calzada, Agustín Rodríguez, ha confirmado en torno a las 13.15 que la casa de Abdul y su familia no será derribada hoy. Rodríguez ha solicitado una reunión con la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento, Pilar Martínez, quien le ha informado de que no había ninguna demolición prevista en la Cañada Real. No obstante, Martínez ha precisado que el derribo se llevará a cabo porque hay una orden judicial que pesa sobre la vivienda. El párroco se acoge a la última ley para paralizar los derribos y abrir diferentes canales de diálogos con el Consistorio. En el mismo sentido, se ha pronunciado Carmen García, una mujer que lleva 25 años viviendo en la Cañada Real, que ha recordado que ya hay dos asociaciones de vecinos registradas, por lo que sí hay interlocutores oficiales para mediar con las autoridades.

Tras confirmarse que el derribo no se iba a producir hoy, los miembros del 15-M que estaban apoyado la concentración, se han marchado con la intención de volver el domingo por la noche.

En octubre de 2007 la batalla la ganó el Ayuntamiento de Madrid pero Abdul, incansable, cumplió su palabra de no moverse y volvió a levantar la vivienda. Tras la demolición, los vecinos recaudaron 7.000 euros para sufragar los materiales y cerca de 40 voluntarios trabajaron en la reconstrucción. "Todo el mundo colaboró, el que pudo puso dinero y el que no, puso mano de obra", recuerda un vecino que ayer volvió a concentrarse contra la amenaza de la piqueta.

Este marroquí de 33 años vive desde 2004 en una vivienda situada en el sector 5 de la Cañada Real, en una zona cercana al metro de Rivas-Urbanizaciones, junto a su mujer y sus hijos de 7 y 4 años. "Se la compré a un español por 20.000 euros", dice. Todas las construcciones que se yerguen en este sector del poblado (unas 800, según el censo del Ayuntamiento de Rivas) son ilegales. Ghailan no entiende por qué el Consistorio pretende tirar su casa abajo otra vez y considera "injusto" que pretendan echarlo a él cuando en toda la Cañada residen de forma ilegal entre 25.000 y 40.000 personas.

Los simpatizantes del movimiento de protesta enseguida dejaron su impronta en la casa. A una gran pancarta con el lema No a los derribos. Solución para todos, en castellano y en árabe, situada ya a las puertas del edificio, sumaron la disposición adicional primera de la Ley de la Cañada Real Galiana, que la Asamblea de Madrid aprobó en marzo, sobre una de las paredes de la vivienda. Este párrafo señala que las Administraciones acordarán con los afectados "representados por asociaciones acreditadas" todas las cuestiones derivadas de la "ocupación, desafectación y destino de los terrenos" de este poblado. Un compromiso que no se ha cumplido en el caso de Ghailan, afirma Javier Rubio, un abogado que colabora desinteresadamente con los habitantes del asentamiento. La casa ha amanecido hoy con una nueva pancarta: "No es justo derribar casas habitadas por familias. El derecho a vivienda es legítimo".

"El poblado vivió un boom a finales de los noventa por el incremento de la inmigración, la escalada en el precio de la vivienda y el hecho de que durante 30 años la Cañada hubiese estado tolerada por las Administraciones", explica Rubio. Aunque las construcciones son ilegales los habitantes del poblado están empadronados y el Ayuntamiento cobra a los propietarios el IBI. "Durante 10 años ha estado trabajando en la construcción. Levantando los pisos que compraban los españoles. Ahora no solo le tiran su casa sino que debe abonar los costes de la demolición", cuenta el abogado.