A vueltas con el sistema electoral

Nunca en nuestra reciente historia democrática habíamos asistido a un debate tan intenso sobre nuestro sistema electoral como el que hemos presenciado antes, durante y después de las últimas elecciones generales. El penúltimo ejemplo lo hemos visto en la primera sesión del debate de investidura. Allí, el líder de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, exigió al candidato a la Presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una reforma del actual sistema electoral y el líder socialista, por su parte, se comprometió a crear una comisión para estudiar esta posibilidad.

El interés de todo el debate generado en torno al sistema electoral está más que justificado, pues estamos hablando del conjunto de reglas que organizan el aspecto más esencial de la democracia: las elecciones periódicas y competitivas por las cuales elegimos a nuestros representantes políticos. Sin embargo, cuando hablamos y discutimos sobre el sistema electoral solemos centrarnos en los aspectos más negativos olvidando, creo que injustamente, los importantes logros que ha generado. Convendría, por tanto, hacer una pequeña reflexión sobre las luces producidas por una de nuestras instituciones políticas que ha permanecido intacta desde el inicio de nuestra democracia.

Los gabinetes formados a partir de octubre de 1982 se han caracterizado por su longevidad

Al actual sistema se le podrían añadir 50 diputados para reducir la desproporcionalidad

El sistema electoral español se ha empleado en diez ocasiones desde 1977, y dos han sido sus principales consecuencias positivas. En primer lugar, hay que destacar la escasa fragmentación del sistema de partidos. Así, el Congreso de los Diputados ha estado fundamentalmente dominado por dos grandes partidos que se han alternado en el poder, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), y una serie de partidos menores, fundamentalmente nacionalistas y regionalistas, que han jugado papeles importantes en determinados momentos.

En segundo lugar, y gracias en parte a nuestro sistema de partidos, España ha disfrutado de una relativa calma institucional que ha tenido su mejor reflejo en la duración de los distintos equipos de gobierno. Como es bien sabido, la ley electoral establece que las elecciones se celebren cada cuatro años y, si observamos la duración de todos los gobiernos desde 1977, el valor medio ha sido de aproximadamente cuarenta meses, algo más de tres años. Hay que mencionar, por excepcionales, los tres primeros gobiernos bajo el mandato de la Unión de Centro Democrático (UCD). Con una duración media de unos veinte meses, estos tres gobiernos estuvieron además sometidos a una grave crisis en el propio partido que originó la existencia de gobiernos dirigidos por distintos responsables. Exceptuando estos equipos, que se pueden considerar de transición, los gabinetes formados a partir de octubre de 1982 se han caracterizado por su longevidad. Es más, desde las elecciones de 1996, todos los gobiernos resultantes han cumplido escrupulosamente el plazo legalmente establecido.

Junto a esta longevidad, la cohesión interna de los equipos de gobierno es otro rasgo positivo que ha definido a nuestro Poder Ejecutivo desde 1977. De hecho, la escasa conflictividad en los diferentes gobiernos es uno de los elementos fundamentales para comprender el asentamiento de la democracia en España. En tan sólo treinta años, España ha pasado de ser una dictadura a una democracia cuyo funcionamiento se puede equiparar perfectamente a las del resto de democracias europeas. Nuestro sistema electoral ha permitido la creación de cuatro gobiernos donde un partido ha ganado la mayoría absoluta de escaños en el Congreso de los Diputados y seis donde el partido vencedor ha estado en minoría parlamentaria. En estos últimos casos, hay que señalar que los gobiernos han sobrevivido gracias a apoyos parlamentarios con otras formaciones políticas y, curiosamente, no se han producido gobiernos de coalición. La ausencia de coaliciones en circunstancias que habrían favorecido su aparición es una particularidad del sistema político español. Si se observan datos de otras democracias occidentales, e Italia es un buen ejemplo, se aprecia que la forma de gobierno de coalición, esto es, un gabinete formado por miembros pertenecientes a dos o más partidos políticos, ha sido y es muy frecuente. Sin embargo, en España ha predominado la idea de que el partido ganador de las elecciones es el partido que controla el gobierno, a pesar de haberse dado las condiciones para generar gobiernos de coalición.

La ausencia de gobiernos de coalición y, sobre todo, las mayorías absolutas generadas por el sistema electoral han facilitado que los partidos en el gobierno hayan podido llevar a cabo las importantes reformas económicas y estructurales que han colocado a España en los vagones de cabeza entre las democracias más industrializadas. Es difícil imaginar que estos mismos logros se hubieran alcanzado si nuestro sistema electoral hubiera generado gobiernos inestables y poco duraderos. El ejemplo más cercano al que podemos recurrir es el sistema electoral empleado durante la II República. Y sus resultados no son precisamente alentadores. De 1931 a 1939 se celebraron tres elecciones generales que produjeron más de veinte gobiernos distintos. Sin duda, esta inestabilidad institucional fue uno de los factores negativos que impidió llevar a cabo las reformas que promovían los distintos partidos políticos y que además contribuyó a la polarización política con el resultado trágico que todos conocemos.

Por supuesto, estos efectos positivos generados por el sistema electoral español deben contraponerse a las consecuencias negativas que son las que han dominado el debate actual. La falta de proporcionalidad es, seguramente, el reproche más claro que podamos atribuirle. La desproporcionalidad afecta principalmente a partidos nacionales con apoyos sensiblemente inferiores a las grandes formaciones políticas. El ejemplo más contundente se encuentra en Izquierda Unida (IU), que en estas últimas elecciones ha vuelto a ser la tercera fuerza más votada y, sin embargo, se ha convertido en la sexta fuerza parlamentaria llegando incluso a perder su propio grupo en el Congreso de los Diputados. Pero junto a la desproporcionalidad, también hay que considerar la rigidez con la que los ciudadanos eligen a sus representantes.

El sistema de listas bloqueadas y cerradas puede generar al menos dos restricciones a los electores. Por un lado, restringe la libertad del votante para decidir al representante más preferido. El votante ve limitada su capacidad de elección a una única dimensión: la ideológica. Por otro, esa falta de capacidad del votante para elegir a la persona que lo represente tiene la consecuencia más grave en la ausencia de mecanismos para premiar o castigar la actuación de un diputado durante su mandato. El elector no puede responsabilizar a un representante concreto de la mala gestión realizada durante el periodo para el que fue elegido sin castigar a la formación política a la que pertenece. El votante no tiene, pues, una opción para castigar al mal político y a la vez votar por su fuerza política preferida. Como consecuencia de ello, el elector puede bien abstenerse o bien votar a su segunda opción política preferida. O dicho de otro modo, el propio sistema electoral podría estar promoviendo la abstención de ciertos votantes.

Estas sombras no son irresolubles y existen propuestas que tratan de solucionar, si no totalmente, al menos parcialmente estos defectos. Por ejemplo, a nuestro sistema actual se le podría añadir un colegio electoral de 50 diputados elegidos a nivel nacional que se repartieran de forma totalmente proporcional para reducir la desproporcionalidad que genera. Sin embargo, es injusto centrar toda la atención del debate en estas últimas cuestiones sin reconocer que disfrutamos de un sistema electoral que ha contribuido de manera fundamental al lugar que ocupa hoy España entre las democracias industrializadas.

Rubén Ruiz-Rufino es politólogo y autor del estudio La reforma del sistema electoral español en las elecciones al Congreso de los Diputados, publicado por la Fundación Alternativas.