Menos virtuales y más virtuosos

Cuando el senador republicano Chuck Grassley afirmó que, con su reforma sanitaria, Obama pretendía que el Gobierno decidiera cuándo había que "desconectar a la abuelita", tuve claro que aquello no era fruto de un problema de comunicación de la Administración Obama. Es muy improbable un malentendido de ese calibre, incluso entre una administración de un partido y un senador de otro. La explicación más sencilla es que el senador republicano estaba poniendo en marcha una vez más la estrategia de las llamadas "nobles mentiras" que el movimiento neocon ha tomado del pensamiento de Leo Strauss. Por otra parte, no parecía que al senador Grassley la conexión de las abuelitas a la vida le preocupara más que la conexión de las grandes aseguradoras médicas a sus beneficios.

La derecha sataniza a autores y sindicatos, su ataque a la propiedad intelectual es político

Se ve normal que las operadoras cobren por navegar y no recurran al juez para cortar el servicio

Cuando hace unos días el Gobierno de España dio a conocer el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, vivimos una situación parecida. Personas que tienen un nivel de formación y de información en lo relativo al mundo de Internet por encima de la media, lanzaron de inmediato una señal de alarma denunciando que el Gobierno pretendía desconectar al nieto. Tampoco me pareció esta vez que la reacción se debiera a un malentendido.

Es difícil confundir una medida dirigida contra las páginas que se apropian sin permiso y para lucrarse de las obras de otros, con la desconexión de los internautas que accedan a esas páginas. Es difícil confundir la actuación de una comisión a instancias de un autor que denuncie que alguien ha colgado sus obras en Internet sin su autorización, con la de una policía cultural que nos vigile como un gran hermano de Internet. Tampoco es fácil confundir la petición de la identificación del titular de una web con la petición de información sobre su vida privada. Por último, no es fácil confundir la libertad de expresión con el robo. Demasiada confusión para ser fruto de un malentendido.

Sin duda estamos ante un debate sobre la libertad, pero no sólo. También asistimos a un debate sobre el poder y sobre la propiedad. La extensión de Internet ha coincidido con la hegemonía política del neoliberalismo y su concepción de la libertad como no interferencia. Una concepción de la libertad que confía tan ciegamente en el mercado como desconfía de la política y del Estado. Lo que defienden los neoliberales para Internet es lo mismo que hemos visto defender a los Gobiernos del PP para la sociedad española, por ejemplo cuando predicaban la seguridad para quienes pudieran pagársela. La exclusión del Estado en Internet no es diferente de la expulsión del Estado de las calles, de la salud o de la educación. No se trata ni exclusiva ni principalmente de un debate tecnológico. La batalla es política, y bastante antigua. Frente a la Internet neoliberal, particularista, privada, habitada por vecinos, por idiotes, deberemos levantar una Internet republicana, universalista, pública, poblada por ciudadanos, por polites.

Es una batalla por el poder político. De ahí la paradójica actitud de la derecha española, tan proteccionista con la propiedad inmobiliaria, y tan ambigua, cuando no abiertamente crítica con los derechos de propiedad intelectual. No se encontrará una explicación en la filosofía, en el derecho o en la economía para semejante contradicción. El ataque de la derecha a la propiedad intelectual es un ataque político. La derecha condena la politización de la cultura, en especial del cine o de la música, porque quiere una cultura ideológicamente neutra y políticamente neutralizada. La simple visión de los equivalentes españoles de Scarlett Johansson, Kate Walsh o Herbie Hancock cantando Yes we can, les resulta insoportable. Por eso no han dejado de intentar intimidar a quienes apoyaron a José Luis Rodríguez Zapatero, o a todos los que se opusieron a la guerra de Irak. Las organizaciones que defienden los intereses de los creadores culturales y los sindicatos son dos objetivos que la derecha no dejará de batir con toda su artillería política, económica y mediática.

Es una práctica poco liberal arrasar y sembrar de sal los campos de los adversarios políticos. La politización de la cultura forma parte de la libertad de expresión, pero la politización de la propiedad intelectual es un ataque a la libertad de expresión. Los mismos que han sometido al conflicto banderizo la lucha antiterrorista lo hacen ahora con los derechos de propiedad. Ni el respeto a la patria, ni al patrimonio, detiene a la derecha española.

En su estrategia la derecha se está encontrando con extraños aliados, siempre pasa. Una vez me reuní con una familia de la burguesía republicana que trataba de recuperar sus propiedades incautadas por los jerarcas del franquismo. Una de las principales dificultades para recuperar esos bienes era que los anarquistas habían quemado el Registro de la Propiedad de su ciudad. Aquellos anarquistas no pudieron imaginar el amable servicio que estaban haciendo a los fascistas contra los que lucharon y perdieron. Salvando las distancias, como metáfora puede servir, ¿para quién trabajan algunos de nuestros transversales y libertarios internautas?

Ésta es también una batalla por la propiedad. La lógica del capitalismo es de concentración. En la economía actual hay una verdadera pugna por apoderarse de los beneficios que produce el trabajo de los creadores, ya sea por sus editores y distribuidores clásicos o por otros nuevos. Se habla mucho de que la cultura debe cambiar su modelo de negocio. También las operadoras de telefonía cambiarán el suyo. Hasta ahora su negocio es cobrar peaje por navegar, muy despacio, por sus redes. Pero no se navega por navegar, se navega en busca de contenidos. ¿Qué ocurrirá cuando las operadoras de telefonía compren a precio de saldo los mil veces violados derechos de propiedad de libros, canciones y películas? ¿Habrá más libertad para producir y para distribuir en Internet? Si ahora no van al juez para cortar la línea de Internet a quien no paga, ¿por qué habrían de ir al juez para cortar el acceso a quienes les roben los contenidos? Si el problema es la existencia de grandes poderes no controlables por los ciudadanos, ¿quiénes son los poderes más grandes e incontrolables? Si en Internet no nos gobiernan las leyes, ¿lo harán las ciegas fuerzas del sistema económico y tecnológico, o quizá la voluntad de un déspota ilustrado y benevolente?

La mayoría pensamos que el desarrollo tecnológico ofrece posibilidades de extensión de la información, la cultura y el conocimiento a toda la Humanidad, posibilidades que no pueden ser desaprovechadas. Un editor no puede, por capricho o por desidia, dejar que una generación entera se quede sin leer a determinado autor, o sin ver determinada película. La propiedad debe atender a sus deberes sociales. Tampoco parece razonable que la evolución de los precios sea tan indiferente como hasta ahora al abaratamiento de los costes de reproducción y distribución de libros, música y películas. Y es verdad que cuando se ve el desarrollo de los programas de intercambio, alguien podría pensar con un clásico de la sociología como Robert K. Merton que cierto tipo de delincuencia no es más que una forma de innovación. Pero nada de eso justifica el robo, y ningún modelo de economía sostenible se puede basar en el robo.

Se puede razonar que el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible aborde algunos aspectos controvertidos de Internet relacionados con la propiedad intelectual. Esa controversia existe en la sociedad y parece lógico que los representantes de los ciudadanos aporten una propuesta para su examen democrático. Lo que es más difícil de razonar es la pretensión de expulsar a la política democrática del debate y la regulación del ciberespacio. En todo caso, sea fácil o difícil, razonar es el único camino.

No siempre la libertad de expresión es una expresión de libertad. Muchas veces lo es de dominación. Para ser un espacio de libertad hay demasiada gente en Internet que hace política bajo la capucha del anonimato. Sería bueno que al entrar en el espacio del debate democrático se la quitaran como quien se lava las manos al sentarse a la mesa común. Ese espacio común es el de la política, una política hecha a cara descubierta por ciudadanos menos virtuales y más virtuosos.

José Andrés Torres Mora es diputado y secretario ejecutivo de Cultura del PSOE.