Más transparencia

Representantes y expertos de ONG reconocen que el principal reto que tienen éstas es la transparencia en la gestión de sus fondos y en el destino de los mismos. Así parecen confirmarlo los recientes sucesos de Intervida, sujeta a una investigación judicial por destinar al menos 45 millones de euros a empresas con las que supuestamente se estaba enriqueciendo, y Anesvad, cuyo responsable fue detenido acusado de apropiación indebida de dinero.

Injusto sería inferir a raíz de estos dos hechos que sea sospechosa la labor de todas las organizaciones humanitarias en España, que por otra parte han proliferado notablemente en los últimos años, como si con ello la sociedad haya querido dar más crédito a la actividad de éstas que a la del Gobierno en el campo de este tipo de cooperación. Sin embargo, eso no obsta para exigir a los poderes públicos mayor eficacia en el control de estas agencias. Resulta a todas luces insuficiente, y si se nos permite hasta un tanto ridículo, que sea una entidad privada no lucrativa como la Fundación Lealtad la que se dedique a realizar periódicos análisis de conducta sobre principios de transparencia y buenas prácticas de aquellas ONG que voluntariamente se someten a tal juicio.

El fin no es otro que contribuir a la confianza ciudadana en las actividades de estas organizaciones humanitarias. Y en ese sentido, el trabajo de esta entidad es loable, considerando que, como sus propios responsables reconocen, carece de medios suficientes para hacer una exhaustiva investigación. El último de estos análisis abarcó a 119 ONG y, aunque la mayoría cumplió los principios de transparencia y buenas prácticas, los dos casos mencionados de presunta irregularidad serían motivo más que suficiente para revisar los actuales métodos de supervisión pública.

Sobre el papel parece que las ONG estuvieran sometidas a un estricto escrutinio administrativo en España. La ley les obliga a presentar sus cuentas anualmente a un órgano público que depende de cada comunidad autónoma y, si se trata de una fundación, deben presentar su ejercicio al Protectorado de Fundaciones de la autonomía donde esté inscrita. Sin embargo, el volumen de trabajo de estos órganos o su propia incompetencia rebasan en muchas ocasiones la capacidad de supervisión. Lo ocurrido con Intervida y Anesvad deja bastantes dudas de la eficacia de estos instrumentos. No se trata pues de hacer aquí un juicio de intenciones sobre la labor, en muchísimos casos, positiva de las ONG, pero sí de exigir que se incremente la transparencia en su gestión no simplemente con la aportación de una entidad no lucrativa, sino con métodos más eficaces por parte de los poderes públicos.