Con el suelo público no basta

En España se crean unos 400.000 nuevos hogares cada año, lo que da idea del número de viviendas que nuestro país necesita para satisfacer los proyectos vitales de miles de ciudadanos. En los últimos años se han edificado muchas más viviendas de las que el mercado podía absorber -hasta 700.000 anuales- y, además, a precios imposibles. La paradoja es que hay un exceso de oferta de viviendas sin vender, y una gran demanda por parte de las familias que, sin embargo, no pueden acceder a las existentes por su precio inasumible. En consecuencia, muchas han decidido aplazar la decisión de adquirir una vivienda, y las que se deciden a hacerlo, tienen serias dificultades para acceder al crédito hipotecario.

El primer objetivo del Gobierno es promover la vivienda protegida de alquiler

Esta falta de financiación afecta también a los promotores, que necesitan crédito para continuar con su actividad empresarial. Por tanto, el sector ha sufrido un brusco frenazo, como demuestran las estadísticas de transacciones inmobiliarias e hipotecas. Además, nuestro mercado del alquiler es aún raquítico -apenas un 11% del total de viviendas-. Por eso es imprescindible generar más oferta de viviendas en alquiler a precios competitivos, tanto entre particulares como en la promoción de viviendas protegidas.

Para salir de este círculo vicioso, el Gobierno ha afrontado la situación desde varios frentes. En primer lugar, dando salida al exceso de oferta, a las viviendas que los promotores tienen sin vender. Para ello, desde enero de 2008, ya es posible que estas viviendas se califiquen como de protección oficial si llevan un año terminadas. Y, siempre, naturalmente, dentro de los precios máximos determinados por el módulo de la vivienda protegida. Porque la obligación del Estado es ayudar a los que tienen más dificultades para acceder a la vivienda, pero no garantizar con dinero público los beneficios privados. Éste es, a juicio del Gobierno, el límite al que el Estado puede llegar. Ir más allá, utilizando el dinero público para intervenir en el mercado, ayudando a que los promotores vendan su stock a precios superiores a los de la vivienda protegida, sería destinar el dinero de todos a garantizar el beneficio de unos pocos. Los ciudadanos no lo entenderían.

En segundo lugar, diseñando una estrategia de promoción de viviendas protegidas, sobre todo en alquiler, que permita atender la demanda de vivienda de los próximos años y, a la vez, reactivar el sector de la construcción residencial, procurando el mantenimiento del empleo y de los sectores auxiliares. Para lograrlo, apostamos también por la rehabilitación, que es otra de nuestras prioridades.

Sin embargo, para acometer cualquier política de vivienda es necesario disponer de una materia prima básica: el suelo. Y el principal escollo para la construcción de viviendas protegidas es la escasez de suelo urbanizado a precios asequibles. Nuestra intención es, por tanto, poner solares a disposición de la promoción de vivienda protegida. Y para ello contamos, en primer lugar, con el suelo público: lo haremos de forma coordinada con los ministerios que poseen suelo a través de una comisión interministerial, que se constituirá próximamente.

Y con el suelo público no basta: para que puedan construirse las viviendas protegidas que nos demandará la sociedad dentro de cuatro, cinco, seis años, para cumplir nuestro compromiso de promover 1.500.000 en diez años, es necesario que ahora obtengamos suelo a precio asequible para poder urbanizarlo, es decir, prepararlo para que esté en condiciones de ser edificado cuando se vaya necesitando. Sobre todo, porque para promover viviendas protegidas en alquiler, que es una prioridad del Gobierno, es imprescindible que el suelo sea barato. Sólo así será viable su financiación y las empresas del sector se animarán a invertir en esta actividad.

Por ello, el ministerio ha puesto en marcha una Oferta Pública de Compra de Suelo, a través de SEPES, por importe inicial de 300 millones de euros y con un horizonte de cuatro años, basada en los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y coordinación con las comunidades autónomas, que compartirán las decisiones sobre las condiciones de la oferta y la elección de los solares, y que priorizará aquellos suelos que están en mejores condiciones para su más rápido desarrollo. Y además, adquiriéndolo a precio de vivienda protegida. Para que, entre todos, Estado, comunidades y ayuntamientos, lleguemos a más. Una medida, por cierto, que ya han puesto en marcha algunos ayuntamientos como Madrid, comunidades como Murcia y Canarias, y que han anunciado Baleares, Cataluña y Andalucía.

SEPES tiene 50 años de experiencia en la adquisición, urbanización y gestión de suelo, pero el 91% de su cartera patrimonial es para actividad terciaria o industrial. Ahora vamos a aprovechar su capacidad para urbanizar también suelo residencial para promover viviendas protegidas, específicamente en alquiler. La evolución de los precios demuestra que es un buen momento para que las Administraciones Públicas consigamos el suelo que hasta ahora nos estaba vedado por su desorbitado precio.

El Gobierno asume su responsabilidad y afronta la crisis que atraviesa el sector. Lo hace ayudando a reactivar su actividad a través de la vivienda protegida, especialmente en alquiler, y la rehabilitación. Y además sienta las bases de la política de vivienda de los próximos años. Para ello necesita suelo. Éste es el objetivo.

Beatriz Corredor es ministra de Vivienda.