La sinrazón de Estado

La Unión Europea ha decidido definitivamente aplicar la mano dura contra la inmigración clandestina tal como lo quieren Francia e Italia, y sacar adelante la propuesta presentada el mes pasado por la Comisión Europea. Los ministros del Interior de la UE aprobaron ayer la polémica directiva sobre el retorno de los sin papeles a sus respectivos países. Entre otras acciones prevé el internamiento de ilegales por un plazo de seis meses, ampliable hasta 18 meses si se complica el proceso de expulsión del detenido. La decisión debe ser todavía debatida en la Eurocámara, donde existen diferencias entre los distintos grupos parlamentarios. Los socialistas se oponen a la norma, pero los diputados españoles no.

Resulta discutible que los Veintisiete se hayan decantado por extender tanto tiempo el plazo de internamiento de los sin papeles en centros de detención sin, en principio, contar con garantías judiciales. Es entendible que la UE quiera armonizar criterios relativos a la repatriación de inmigrantes clandestinos, pero no lo es tanto que lo haga a costa de poner en entredicho principios humanitarios que hasta ahora han prevalecido y han caracterizado la razón de ser de la Unión. Porque si bien es cierto que los centros de internamiento no son propiamente cárceles, sí es verdad que son lugares vigilados por fuerzas de seguridad. Los clandestinos, sin embargo, deberán ver garantizada la gratuidad de la asistencia legal.

Esta norma sintoniza con el contrato obligatorio de integración que proyecta aprobar el presidente Sarkozy durante la presidencia francesa de la UE el próximo semestre. El plan de Sarkozy busca prohibir las regularizaciones masivas, fortalecer la agencia de fronteras europea e integrar los inmigrantes a través de contratos en los países de origen.

Mucho más preocupante es la política que ya está emprendiendo Italia. Algunas de las normas aprobadas por el Gobierno de Berlusconi chocan directamente con el derecho comunitario, como es la tipificación penal de la inmigración clandestina, aunque no está del todo claro si al final se convertirá en ley tras las declaraciones y los desmentidos del propio Berlusconi. Lo que ya es un hecho, y bastante reprobable, es que los prefectos de Roma, Milán y Nápoles vayan a tener poderes especiales para expulsar a ciudadanos de la etnia gitana sin importar que un tercio de ellos tiene nacionalidad italiana.