Una política lingüística de Estado

En su segundo cara a cara televisado, Zapatero reprochó a Rajoy que hubiera "cogido" el supuesto problema del castellano en Cataluña "para dividir y enfrentar", algo que el PP no había hecho en ninguna elección anterior. Los resultados del 9-M han permitido al PP evaluar las consecuencias de su estrategia: el abismo de 15 diputados que en Cataluña le separó del PSC en 2004 se ha agrandado hasta alcanzar los 17. Y si azuzar el enfrentamiento lingüístico no parece servir para ganar elecciones, tampoco es bueno, desde luego, para la cohesión de un país que, como denunció la Comisión de Expertos que supervisa la aplicación de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, todavía no es plenamente consciente de su carácter plurilingüe. La nueva etapa política que se abre en esta IX Legislatura acaso sea el momento propicio no sólo para pacificar el debate lingüístico, sino para incluir la defensa de todas las lenguas españolas entre los temas de Estado sobre los cuales conviene establecer pactos.

En su etapa de gobierno el PP ya decidió publicar el BOE en todas las lenguas de España

Bono experimentó el multilingüismo en el Senado y comprobó que no rompía España

En contra de lo que puede parecer, no es complicado identificar posibles puntos de encuentro entre el PSOE y el PP en esta materia. Empecemos por la enseñanza. En Cataluña el modelo lingüístico-escolar, que sitúa al catalán como lengua vehicular y de aprendizaje, contraría las preferencias de muchos ciudadanos, como los más de 50.000 que secundaron una iniciativa legislativa popular que pretendía instaurar la enseñanza en la lengua materna de los alumnos. Ahora bien, que el modelo vigente contraríe las preferencias de miles de ciudadanos no significa que conculque los derechos fundamentales de nadie.

El debate sobre el modelo lingüístico-escolar de Cataluña es saludable, pero no debería discurrir en términos de "coacción" (el modelo vigente) contra "libertad" (el que defiende el PP), sino de competencia entre legítimos modelos alternativos, modelos entre los cuales es posible elegir dentro de los parámetros liberal-democráticos. Y lo cierto es que hoy por hoy la mayoría de partidos políticos catalanes, con el PSC al frente, sigue considerando que para asegurar la cohesión social y garantizar el bilingüismo es preferible una sola línea educativa con el catalán como "centro de gravedad" (expresión acuñada por el Tribunal Constitucional) a una doble línea en función de la lengua materna de los alumnos. Pero si el acuerdo PSOE-PP sobre el modelo lingüístico-escolar no fuera posible, sí que lo es respecto a los objetivos lingüísticos de cualquier modelo. En el programa electoral del PP hay un objetivo que nadie discute: se trata de garantizar que todos los escolares "comprendan la lengua castellana y se expresen en ella con corrección, oralmente y por escrito, al finalizar la enseñanza básica". Referido también al catalán, es lo mismo que dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña: todos los alumnos deberán "conocer con suficiencia oral y escrita el catalán y el castellano al finalizar la enseñanza obligatoria".

El presunto problema del castellano en Cataluña oscurece los reales problemas del catalán en Cataluña, donde la posibilidad de usarlo todavía es remota en muchos ámbitos. Uno de los más flagrantes es la Administración de Justicia. En este caso, el punto de encuentro entre el PSOE y el PP (y el resto del arco parlamentario) es fácil. Se trata simplemente de cumplir lo que dispone la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, que fue ratificada por España en 2001, cuando el PP gozaba de una sólida mayoría absoluta en las Cortes. Al ratificar la Carta, España se comprometió a asegurar, en los procedimientos penales, civiles o administrativos, "que los órganos jurisdiccionales, a solicitud de una de las partes, lleven el procedimiento en las lenguas regionales o minoritarias".

Si dejamos el nivel de las comunidades autónomas y nos situamos en el del Estado, también surgen puntos de encuentro. Un primer paso en una política estatal de defensa de las lenguas españolas debería consistir en fijar el número de estas lenguas. Esto implica resolver el contencioso valenciano: el hecho de que la lengua propia de la Comunidad Valenciana sea conocida popular y legalmente como "valenciano" no implica que sea una lengua distinta de lo que académicamente se conoce como "catalán". La Generalitat valenciana, gobernada por el PP, acaba de acatar este hecho publicando en el Diario Oficial de la Comunidad los estatutos de la Universidad de Alicante, que utilizan la doble denominación. Pero más allá de esta circunstancia, forzada por una sentencia judicial, habría que atenerse a la posición de la Academia Valenciana de la Lengua, una institución impulsada por el PP, que ha establecido sin ambages que "la lengua propia e histórica de los valencianos es también la que comparten las comunidades autónomas de Cataluña y de las Islas Baleares (...). Las diferentes hablas de todos estos territorios constituyen una misma lengua o sistema lingüístico". Por supuesto, la unidad lingüística no implica necesariamente la unidad onomástica, como ilustra el caso del castellano / español. En este sentido, el Gobierno de España, con la aquiescencia del PP, debería considerar la conveniencia de usar (en los contextos relevantes) la doble denominación "catalán / valenciano", como ya hace sin aspavientos la Comisión Europea.

Una vez establecido el número de lenguas españolas habrá que ver cuál debe ser su nivel de reconocimiento en las diferentes instituciones del Estado. Para empezar, es posible profundizar en algunas medidas que tomó el PP en su etapa de gobierno, como la publicación del BOE en lenguas distintas del castellano. El Estatuto de Autonomía de Cataluña contiene una disposición relativamente ambiciosa en este sentido: "Los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho a relacionarse por escrito en catalán con los órganos constitucionales y con los órganos jurisdiccionales de ámbito estatal". Es cierto que esta disposición forma parte de las impugnadas por el PP ante el Tribunal Constitucional, pero no es menos cierto que lo que se dispone aquí para todos los órganos es algo que ya funciona desde 1994, con el beneplácito del PP, en el caso de un órgano constitucional particular como es el Senado. En este ámbito, el PSOE y el PP, con el previsible apoyo del resto de partidos, deberían esforzarse por resolver lo que podríamos llamar "anomalía europea": no es admisible que los ciudadanos españoles tengan más facilidades para comunicarse en catalán / valenciano, gallego o euskera con la Comisión Europea que con las instituciones de su país.

Y hablando del Senado, otra circunstancia que cuenta con la aprobación del PP es la posibilidad de utilizar las lenguas españolas distintas del castellano en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. La experiencia ha demostrado que los senadores de España pueden entenderse hablando lenguas distintas, y que la instalación de cabinas de interpretación en una institución del Estado no rompe España. El PSOE y el PP, con el previsible apoyo de los demás, deberían estudiar la posibilidad de extrapolar la experiencia de esta Comisión al conjunto del Senado y, por qué no, al Congreso de los Diputados. En este caso, la presidencia de José Bono no debería ser un obstáculo. Bono, de hecho, ya experimentó el multilingüismo del Senado en sus tiempos de presidente de Castilla-La Mancha y logró superar sus reservas: "Personalmente he de confesarles que antes de acudir a esta sesión me llamaba la atención que, pudiendo entendernos todos los presentes en castellano, tuviéramos que recurrir a los servicios de traducción de la Cámara. Pero después de escuchar a los presidentes Pujol, Fraga y Lerma hablar en sus lenguas propias debo reconocer que comprendo mejor el problema de Cataluña, el de Valencia, o el de Galicia que, en definitiva, no son cosas distintas que el problema de España".

Recientemente, el Grupo de Intelectuales en favor del Diálogo Intercultural, creado por la Comisión Europea, dio a conocer el documento Un reto provechoso. Cómo la multiplicidad de lenguas podría contribuir a la consolidación de Europa. En él encontramos una frase certera: "Si ignoramos una lengua, corremos el riesgo de que sus hablantes pierdan el interés por el proyecto europeo". No sería absurdo que el Gobierno de España, con el apoyo de un PP que se siente "orgulloso de la pluralidad lingüística y cultural de la nación española", impulsara un documento sobre la contribución del multilingüismo a la construcción de una España que, como Europa, es "unida en la diversidad".

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universitat Autònoma de Barcelona.