La poca vergüenza

El señor juez de instrucción del Juzgado número 40 de los de Madrid es un personaje siniestro, se comporta como el niño bonito de la judicatura y sus actos menoscaban el prestigio de la democracia, pero no demuestra padecer vergüenza alguna por ello. Estoy seguro de que el magistrado no se sentirá ofendido por estas expresiones, proferidas no con ánimo de injuriarle ni de calumniarle, pues al fin y al cabo ni siquiera se refieren de forma específica a él, y desde luego mucho menos a su persona, sino a una peculiar manera de ver las cosas por parte del sector de la judicatura en el que se incluye. El caso es que el señor juez de instrucción titular del Juzgado número 40 de Madrid, llamado De la Hoz aunque nada tenga que ver con el Martillo, acaba de dictar un auto en el que asevera que el uso de estos y otros peores vocablos, proferidos contra mí en su día, no constituyen nada delictivo. A su entender se trata sólo de términos duros, que pueden ser utilizados en un contexto de discrepancia o de debate. Como yo discrepo por completo del señor juez, opino que con su auto ha perdido el sentido del decoro. Hasta el punto de que, ya en pleno mes de julio y con lo que sabíamos a esas alturas del juicio del 11-M, se atrevió a afirmar que "la opinión pública y la clase política están divididas respecto a esta cuestión, sosteniéndose cuando menos dos versiones distintas", con lo que en su auto decide igualmente que es lícita la acusación que se me hizo de manipular pruebas en dicho proceso por terrorismo. Se trataría más bien de un recurso literario, viene a decir el magistrado. Por todo lo cual archivó hace días una querella interpuesta por mí en febrero contra un locutor de la radio episcopal, en cuyas ondas el octavo mandamiento y las enseñanzas del sermón de la montaña han quedado definitivamente abrogados.

Mis abogados han recurrido ya la tropelía perpetrada por el señor De La Hoz Aunque No Del Martillo, por lo que me asaltaron dudas a la hora de publicar este artículo, no vaya a entenderse que pretendo dirimir con él un contencioso personal. Pero, siguiendo las instrucciones del auto en cuestión, me veo en la obligación cívica de hacerlo por mor de contribuir "a un mayor grado de deliberación y discusión política en un asunto del máximo interés y preocupación por parte de la ciudadanía": el funcionamiento de los tribunales de justicia españoles, institución que se resiste de muchas formas a asumir las consecuencias de la transición democrática, favoreciendo al tiempo el exotismo de algunos de sus integrantes, de cuyo nivel profesional y moral dan fe a diario las informaciones de los periódicos. Mis opiniones ahora expresadas no me abrirán quizá mejor sendero entre la jungla procesal, pero servirán para comprender por qué jueces de la encarnadura del señor De La Hoz Que No Del Martillo continúan atropellando con sus autos último modelo a no pocos ingenuos contribuyentes, todavía empeñados en manifestar su / nuestra fe en los tribunales de justicia, que en mi caso sigue impoluta pese a incidentes como éste.

La casualidad ha querido que el vehículo pesado con que el juzgador De La Hoz Aunque En Ningún Caso Del Martillo ha arrollado mi inocencia de ciudadano crédulo coincidiera en el tiempo con otras decisiones judiciales respecto al uso y abuso de la libertad de expresión. Todavía no se apagan los ecos de la polémica sobre el secuestro preventivo de la revista El Jueves, que ha logrado lanzar dicho semanario a universal fama, de modo que millones de internautas acceden a diario a la contemplación de la caricatura de nuestros príncipes, ridiculizados en el acto de procrear. Me dicen que el genio del marketing responsable inicialmente de tan exitosa campaña es un funcionario de la Casa Real cuyo exceso de celo no basta para suplir su ausencia de criterio. Solicitó el susodicho a la fiscalía que se pusiera en marcha, y las reacciones subsiguientes respondieron luego más al deseo de cada cual (fiscales, jueces y policías secuestradores) de salvar el pellejo de sus propias responsabilidades antes que al de proteger lo que ellos mismos han contribuido a perjudicar: la imagen de la Corona. No sé si ésta puede verse erosionada por ese tipo de chistes y dibujitos soeces pero sí, desde luego, por los sucesos posteriores a su difusión. Con ellos se ha dado la impresión abusiva de que la inviolabilidad que la Constitución reconoce al Rey no es sólo jurídica ni le atañe únicamente a él, sino que se extiende a toda su familia y debe abarcar también los ámbitos político y de opinión pública. Lo que ha servido para poner de relieve la doble vara de medir y la moral ambigua que impera en el sistema judicial a la hora de adoptar medidas contra los abusos cometidos en nombre de la libertad de expresión. Un artículo del señor Anasagasti, que todavía tiene pendiente el demostrar que trabaja él como legislador más horas de las que el monarca dedica a sus deberes, vino a complicar la cuestión: es obvio que el fiscal general y los jueces de la Audiencia se atreven con un caricaturista de a pie, pero no con un senador del reino. Con lo que podemos preguntarnos si en este país todos los ciudadanos son iguales ante la ley, pero algunos acaban siendo más iguales que otros.

Estas cuestiones giran a la postre en torno a un mismo argumento: los límites posibles al ejercicio de la libre expresión en una democracia. Nuestra Constitución dice de manera tajante que se prohíbe toda forma de censura previa, aunque tres líneas más abajo señala que el secuestro preventivo de publicaciones debe ha

-cerse mediante mandato judicial. No conozco modalidad de censura previa más tajante y absoluta que un secuestro preventivo, por lo que los padres de la patria deberían reflexionar sobre este punto. Por otra parte, secuestrar una publicación o prohibir la exhibición de algo, en la era de la sociedad de la información, es más bien contribuir a su conocimiento masivo a través de las redes informáticas, de modo que secretarios de príncipes y fiscales de turno tendrían que pensarse dos veces las consecuencias de estos actos antes de incoarlos. Eso no quiere decir que la libertad de prensa, como cualquier otra, no deba estar sometida a reglas. Más de cuatro décadas de desempeño del periodismo, y cientos de procedimientos judiciales incoados contra mí en razón de dicha circunstancia, me permiten no tener ninguna mala conciencia por reconocer que ni siquiera el derecho a la libre expresión, con ser columna esencial del régimen democrático, puede ser ilimitado. Ningún derecho lo es y, en realidad, toda ley constituye antes que nada un freno a la libertad de cada uno, en defensa del disfrute de la libertad ajena. No es contra la limitación legal y democrática de ese derecho contra lo que es preciso protestar, sino contra la arbitrariedad y falta de simetría en la aplicación de las leyes, demasiadas veces utilizadas para proteger a los poderosos en perjuicio de los débiles.

La cuestión nos debería preocupar tanto más cuanto que desde hace años determinados medios, vinculados por lo común a la derecha política y al integrismo religioso, vienen atizando verbalmente la hoguera de la tensión, propiciando un ambiente irrespirable en nuestra vida política. Algunos portavoces parlamentarios han hecho suyo este estilo, jaleado desde determinados micrófonos y santificado desde muy elevados púlpitos. El resultado ha sido un empobrecimiento del diálogo intelectual, un enconamiento visible entre facciones o sectores de opinión no coincidentes, y una lamentable fractura de la convivencia ciudadana. La crispación que se ha adueñado de algunas tribunas, sólo ahora mitigada por las vacaciones veraniegas, sirvió de base para establecer la teoría de que nos hallamos ante una guerra de medios de comunicación, cuando en realidad lo que tenemos ante nuestros ojos es una lucha descarnada por el poder, dispuesta como parece la actual dirección del partido de la derecha a recuperarlo a cualquier precio. Pero no es verdad que todos los medios, todas las empresas, todos los periodistas, todos los comentaristas y todos los políticos utilicen las mismas armas. La suposición de una equidistancia entre métodos de uno y otro lado del espectro político o de opinión es absolutamente gratuita.

Lo es para mí, desde luego, pero no para el señor juez De La Hoz Y De Ningún Modo Del Martillo, lo que le viene estupendamente bien a los efectos de su comentada decisión. Ante la necesidad de explicar por qué considera adecuado que se empleen insultos y mentiras en la polémica periodística, el magistrado ha redactado un largo alegato en el que llama en su auxilio nada menos que a John Stuart Mill para argumentar su fallo. Estoy seguro de que no ha querido hacer una lectura sesgada ni incompleta del fundador del liberalismo político, pero el resultado objetivo no puede parecerme más sectario, amén de un poco cursi. Por si su ajetreada agenda le ha impedido un repaso sosegado de las obras de tan significado maestro, me parece oportuno traerle a colación algunos párrafos de su memorable ensayo sobre La Libertad: "El interés de la verdad y la justicia reclaman con urgencia el prohibir un lenguaje insultante; y si fuese posible escoger sería mucho más útil reprobar los ataques ofensivos contra las creencias libres que contra la religión del Estado", dice el autor, que antes había señalado que "el renacimiento de la religión que tanto se ensalza es siempre (al menos en los espíritus estrechos e incultos) el renacimiento del fanatismo", para concluir que "en cuanto a lo que se entiende comúnmente por discusión sin límite alguno, a saber, las invectivas, los sarcasmos, los ataques personales, etcétera, la denuncia de estos procedimientos sería mejor acogida si se sugiriese prohibirlos para siempre y por igual para ambas partes".

En su día decidí -lo mismo que hizo Jesús Polanco- querellarme contra un petimetre savonarola local que, desde la radio, incendia cada mañana con su intolerancia la convivencia española. No sólo pretendía yo reparar mi honor y el de mis colaboradores, sino comprobar también en qué medida la aplicación de las leyes podría resolver lo que el fanatismo y la ausencia de sentido común vienen provocando desde hace años en el debate público. Naturalmente estoy de acuerdo con quienes reclaman que las faltas o delitos de opinión se diriman por el código civil, y no el penal, pero no somos los periodistas quienes hacemos la ley ni quienes la administramos, y elegí la vía más ejemplarizante desde el punto de vista social. Pensaba y pienso, con Stuart Mill, que en una democracia los fanáticos tienen sus derechos, pero los actos que se derivan de su actitud no merecen igual trato que los que emanan de la prudencia. Me parece una falacia absoluta contraponer las injurias que desde algunos benditos micrófonos se profieren, con los comentarios libremente expresados por otros creadores de opinión, como si nos halláramos ante el empleo indiscriminado de parecidos arrebatos en la confrontación intelectual. Esta pretendida equidistancia o eclecticismo en el que el juez De La Hoz Sin Martillo se instala (en una actitud que ha tentado también a sectores progresistas, e incluso al Gobierno, quizá como una forma de pagar protección), evidencia un cinismo preocupante. El mismo que late en el abuso de lanzar al fiscal contra un caricaturista, más o menos maleducado pero también muy vulnerable, mientras se protegen judicialmente los desatinos de quienes ejercen la barbarie verbal en nombre de su peculiar y ultramontana idea de España. Pero quizá estoy equivocado, y gracias a la resolución del señor juez De La Hoz Aislada Del Martillo -salvo que sea el de machucar herejes- saldré de mi error. Aprenderé entonces que llamar bellaco a una persona, tratar de destruir su nombre o su reputación, perjudicar sus empresas y amedrentar su entorno, corresponde al universo de la deliberación política y no al de los comportamientos antisociales. Si al señor juez no le da vergüenza esto, a mí tampoco. En adelante, de acuerdo con la permisividad sancionada por el uso, podremos dedicarnos todos a utilizar términos duros contra los discrepantes y organizar un pimpampum como es debido. Eso sí, no crea nadie que su culo ha de infundir necesariamente más respeto que el de los príncipes, expuesto ya al sarcasmo público.

Juan Luis Cebrián, de la Real Academia Española. El texto del auto judicial puede leerse íntegro en elpais.com