El paro no da tregua

El paro registrado en febrero aumentó en 82.132 personas y lleva el número total de desempleados a 4.130.625 en términos estadísticos del Ministerio de Trabajo. Es un dato desalentador. Pobre consuelo resulta que el crecimiento del desempleo del mes pasado sea claramente inferior al registrado en febrero de 2009 (en aquel periodo se contabilizaron 154.058 parados más). El caso es que la recesión económica sigue destruyendo puestos de trabajo temporales y probablemente seguirá haciéndolo durante lo que queda de año. El coste económico y social de un volumen tan elevado de paro es insostenible. Por ello, es de vital importancia que el Gobierno y los agentes sociales aceleren la puesta en práctica de algunas de las medidas anunciadas el lunes en el documento contra la crisis enviado a los grupos parlamentarios.

Los movimientos se suceden. La patronal CEOE, a través de su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, pone hoy sobre la mesa, en un artículo en EL PAÍS, sus principales propuestas para la reforma laboral. Díaz Ferrán recupera su programa máximo con un nuevo modelo de contrato indefinido con despido más ágil y barato, una rebaja de las cotizaciones sociales, la intermediación privada en el mercado de trabajo, un menor control judicial de los expedientes de regulación de empleo y medidas contra el absentismo laboral. Estas ideas llegan pocas horas antes de que los partidos políticos comiencen a debatir el documento presentado el lunes.

A la vista del prolijo conjunto de medidas económicas que se someten al consenso político y de la fría reacción inicial de los partidos, parece que los estrategas del Gobierno han confundido los términos de lo que debería ser un pacto de Estado contra la crisis y lo han transformado en medidas de diversa consideración. El Gobierno debería explicar que la reforma de la economía española (la economía sostenible) no tiene por qué coincidir con las medidas que saquen al país de la recesión. Por tanto, no es contradictoria la opción del I+D+i con las rebajas fiscales a la rehabilitación de viviendas; y mucho menos lo es la decisión de que el ICO avale créditos a las pymes con la reconversión del mercado financiero.

El desenfoque se da en el menudeo de medidas. No es necesario someter a consenso un plan de rehabilitación de viviendas o un recorte del plazo del pago a los proveedores de la Administración. Hágase. Porque lo que un pacto debe proporcionar es el apoyo de los partidos (en especial del PP) al plan de recorte del gasto público, a la reforma de las cajas de ahorros y a la reforma laboral. Apoyo significa aquí respaldar las medidas e instar a las autonomías a que recorten sus gastos y favorezcan la reordenación de las cajas. Ese frente común es el que se necesita para reforzar la solvencia exterior de España. Corresponde a los partidos políticos separar el trigo de la paja. Y si no se consigue ese gran pacto, que el Gobierno tome las decisiones oportunas. Pero ya.