El mundo al revés

Rita Barberá tiene claras ideas morales respecto a la recepción de regalos en su condición de alcaldesa de Valencia. Sostiene que todos los políticos los reciben, y que son más importantes cuanto más importante es el cargo: "Sospecho que los del presidente del Gobierno y ministros tienen que ser un poco más grandes y más caros que los de la alcaldesa y los concejales". Hace escasos días ya sorprendió a propios y extraños al pedir que se investigara al presidente del Gobierno por unas anchoas recibidas como regalo del presidente de Cantabria. Y días más tarde argumentó a favor de la despenalización del cohecho impropio, la figura penal por la que ha sido procesado su compañero de partido Francisco Camps, por los trajes y otras prendas de vestir presuntamente recibidos como presente de la trama Gürtel.

La preocupación de Barberá por los códigos de conducta de los políticos no es meramente teórica. Según una de las múltiples grabaciones efectuadas por la policía al cabecilla de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, más conocido como El Bigotes, la alcaldesa valenciana ha venido recibiendo regalos de bolsos de la marca Vuitton "desde hace cuatro años"; si bien en la misma grabación, El Bigotes reconoce que los presentes no tienen la finalidad de obtener ninguna contrapartida concreta.

Sin embargo, lo más grave de este caso, en apariencia banal hasta ahora, no es tanto la reacción de Barberá; lo verdaderamente preocupante es la virulenta y desmedida contestación del PP nacional a este nuevo episodio de la trama Gürtel, que degrada aún más si cabe los bajos niveles de la calidad de la democracia en este país. El comunicado emitido el domingo por Génova denuncia "una campaña sistemáticamente programada y ejecutada de ataque y desprestigio"; asegura sin pudor y sin prueba alguna que el Ministerio del Interior está "inmerso" en ella; implica al Gobierno, a la Fiscalía y a "determinado grupo de comunicación", que más adelante identifica como el Grupo PRISA (editor del diario EL PAÍS); y no tiene reparos en hablar de Estado policial. Semejante despropósito deja dudas sobre si queda alguien en la actual dirección del PP que entienda la tarea de la prensa en una democracia avanzada y, por ende, los parámetros básicos de un Estado democrático de derecho, lo que resulta de extrema gravedad en el primer partido de la oposición.

El PP no ha sabido, querido o podido atajar hasta ahora los brotes de corrupción que tiene en su interior, y ahora paga el precio de su torpeza, indecisión o impotencia. Para evitarlo, su dirección ha decidido tomar el camino más fácil pero a la vez más irresponsable: primero, negarlo todo aun contra las mayores evidencias; y después, atribuir todas las responsabilidades a los demás. Su norma ha sido no dar ni una sola explicación pública sobre ni uno solo de los comportamientos, como mínimo dudosos, de los dirigentes implicados en el caso y, como contrapartida, exigirlas todas de todas las otras partes implicadas, incluidas la justicia y la policía; e incluso de quienes no lo están, como son los medios de comunicación, pero se encuentran obligados a proporcionar informaciones claramente relevantes sobre un caso del mayor interés público.

El doble rasero utilizado por el PP remite a una oscura sombra totalitaria que le lleva a propugnar la censura y la autocensura cuando se trata de informaciones que le afectan, hasta situar el derecho al honor de sus dirigentes por encima de la libertad de información, en abierta contradicción con la jurisprudencia constitucional española. Nadie quiere aniquilar al PP, como dice de forma ampulosa y falsaria su comunicado del domingo: es el propio PP el que se dirige hacia el abismo si sigue empeñado en legitimar a quienes han cometido delitos actuando bajo la cobertura de sus filas y de su organización.