La lengua como arma arrojadiza

La andadura de la Constitución española como encarnación del consenso que alcanzaron los españoles durante la Transición parece tocar a su fin. En este momento el texto constitucional se halla bajo el fuego cruzado de los que proponen superarlo en un sentido federalizante y de los que, en sentido opuesto, más que una reforma constitucional postulan una contrarreforma constitucional, que dé marcha atrás en el desarrollo del Estado autonómico, reduciendo abiertamente la autonomía a la descentralización. Y todo ello sin olvidar a los que, simplemente, ya no desean vivir bajo ninguna Constitución española.

En fechas recientes se ha presentado en sociedad un nuevo partido político que hace precisamente de la contrarreforma constitucional su principal bandera. Si el posible impacto electoral de Unión, Progreso y Democracia (UPD) es todavía una incógnita, su impacto mediático y político son evidentes: acaso temeroso de la competencia que supone UPD, uno de los dos grandes partidos españoles ya ha corrido a apropiarse tanto de la filosofía del nuevo partido (donde UPD dice que la base de la ciudadanía democrática es "la libertad en igualdad", el PP proclama que España es una "nación de ciudadanos libres e iguales") como de la propuesta de reforma constitucional como instrumento para el cierre definitivo del modelo territorial.

¿España tiene una sola lengua? ¿No son españoles el catalán/valenciano, el gallego y el euskera?

Bélgica, Suiza y Finlandia son ejemplos de democracias multilingües

Además de cerrar el modelo territorial, la propuesta de reforma constitucional que preside el manifiesto de UPD se centra en la "mejora y refuerzo de los derechos y obligaciones individuales, que deben ser estrictamente iguales para todos los ciudadanos del país". Al parecer, el artículo 139 de la Constitución es insuficiente como garantía de esa igualdad: "Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado". Y probablemente es insuficiente porque el artículo 139 no ha impedido que el Tribunal Constitucional, un órgano no precisamente "sometido a constante desbordamiento por las pretensiones nacionalistas", lo interprete de un modo que excluye la estricta igualdad. En su sentencia 46/1991, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad de una ley del Parlamento de Cataluña según la cual durante el proceso de selección los aspirantes a funcionarios autonómicos en esa comunidad debían acreditar el conocimiento oral y escrito de la lengua catalana. Pues bien, he aquí lo que dispuso nuestro Alto Tribunal al desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto: "El establecimiento de un régimen de cooficialidad lingüística en una parte de territorio del Estado no contradice el principio de igualdad de los españoles en todo el territorio nacional, ya que tal principio no puede ser entendido en modo alguno como una rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que en cualquier parte del territorio se tengan los mismos derechos y obligaciones". No se trata de un pronunciamiento aislado, sino toda una línea jurisprudencial cuyo último reflejo es la reciente sentencia sobre el Estatuto valenciano, según la cual "la pluralidad y la diversidad de ordenamientos son rasgos consustanciales al Estado autonómico y su realidad no puede, por definición, ser contraria a la Constitución, que es, al cabo, la norma que la hace posible".

La referencia a cuestiones lingüísticas por parte de UPD no es fortuita, porque en su propuesta de estricta igualdad este partido reserva una posición crucial a la lengua castellana, considerada imprescindible "como vehículo de entendimiento general y debate de las cuestiones que atañen a toda la comunidad", bajo la creencia de que una lengua común es el "instrumento político para la realización dialéctica de la democracia". Este postulado niega implícitamente la realidad de las democracias multilingües, como Bélgica o Suiza, que funcionan perfectamente en ausencia de una lengua común. Lo de "perfectamente" puede resultar chocante para Bélgica, que atraviesa una profunda crisis, pero no debería serlo: la crisis belga no es causada por la ausencia de una lengua común, y en cualquier caso ningún actor pone en duda el carácter trilingüe del Estado belga, que además del neerlandés y francés reconoce el alemán como lengua oficial. Si Bélgica no convence, piénsese en Suiza, una de las democracias más antiguas, más estables y más prósperas del continente europeo, donde el debate de las cuestiones que atañen a todos los suizos discurre en tres lenguas oficiales (alemán, francés e italiano). Que el multilingüismo no está reñido con la excelencia lo ilustra de manera certera Finlandia, que una vez más encabeza con holgura el ranking del Informe PISA, con 63 puntos por encima de la media de la OCDE y 15 más que en el año 2003. Pocos comentaristas del Informe PISA han recordado que Finlandia reconoce dos lenguas nacionales (finés y sueco): el hecho de hablar dos lenguas distintas no ha impedido a los parlamentarios finlandeses debatir y aprobar la legislación en que se fundamenta un sistema educativo que es la admiración del mundo entero. En fin, el postulado de la lengua común también niega la realidad de nuestra Unión Europea, para la cual el "instrumento político para la realización dialéctica de la democracia" es precisamente el multilingüismo. Pero lo más remarcable de este postulado no es que contradiga la actividad de Rosa Díez o la de los actuales eurodiputados del PP, que debaten sobre cuestiones que atañen a todos los europeos en ausencia de una lengua común europea; lo más remarcable es que nos lleve sin demasiado disimulo de la estricta igualdad entre los ciudadanos españoles a su estricta jerarquización.

En su manifiesto UPD propone "el escrupuloso cumplimiento del derecho a la escolarización en la lengua materna, atacado y negado en varias comunidades autónomas". Para empezar, la propuesta supone otra reforma constitucional, aunque UPD se olvide de presentarla como tal, porque nuestro Tribunal Constitucional también ha declarado que del artículo 27 de la Constitución, que regula el derecho a la educación, no se desprende el derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna del interesado, lo cual faculta a los poderes públicos (en este caso de Cataluña) las lenguas de comunicación en la enseñanza (STC 337/1994). El problema de esta propuesta es que, aunque mencione la "lengua materna", en realidad se refiere exclusivamente el castellano. (Si el derecho se aplicara realmente a la lengua materna de cada cual, y los derechos individuales "deben ser estrictamente iguales para todos los ciudadanos", deberíamos encontrar a Rosa Díez defendiendo el derecho a escolarizarse en catalán/valenciano, gallego o euskera a los españoles de esas lenguas maternas residentes en Madrid -un derecho, por cierto, que hasta ahora no había demandado nadie-). He aquí, pues, que UPD plantea una doble tipología de ciudadanos en su marco de estricta igualdad: los españoles de lengua materna castellana, que tendrán derecho a escolarizarse en su lengua estén donde estén, y los españoles de otras lenguas maternas, cuyo igual derecho no se contempla. Y si esto no es un síntoma inequívoco de jerarquización de los ciudadanos en función de sus lenguas, véase la defensa de la prevalencia de la lengua "común" sobre la "particular" (terminología preconstitucional incluida), una prevalencia que conlleva descartar el conocimiento de una lengua "particular" como requisito para ejercer empleos públicos -en contra, una vez más, de la acreditada jurisprudencia constitucional-. La doble tipología es inequívoca: habrá unos ciudadanos españoles que siempre tendrán la garantía de poder comunicarse en su lengua con los empleados públicos y otros ciudadanos, no menos españoles, privados de esa misma garantía.

Lo inquietante de este asunto no es que aparezca un partido nuevo con tan engañosos postulados. Es más inquietante que uno de los dos grandes partidos de España, con posibilidades serias de gobernar, los incorpore a su programa político. Y, puestos a concretar, lo más inquietante de todo es lo que dijo Mariano Rajoy en la conferencia política del PP del pasado mes de noviembre: "Si las autonomías defienden su lengua, España tendrá que defender la suya". Disculpen ustedes: ¿España tiene una sola lengua? ¿Acaso habrá que reformar también el artículo 2 de la Constitución, para sustraer al catalán/valenciano, gallego y euskera su condición de lenguas españolas?

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universitat Autònoma de Barcelona