No hay castigo

Los partidos políticos cuyos alcaldes se ven envueltos en casos de corrupción no se ven penalizados en las urnas. Todavía peor: los partidos implicados en conductas irregulares pueden contar con que no sufrirán castigos electorales en los comicios, incluso en el caso de que se inicien diligencias judiciales. Este es el resultado de un reciente estudio elaborado para la Fundación Alternativas (Las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal 2003-2007) por los investigadores Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez.

Con estos mimbres, los ciudadanos acuden a las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo. La cuestión que se suscita es si conclusiones tan pesimistas podrían extenderse desde los municipios a las comunidades autónomas y, más allá, a la Administración central; aunque no hay evidencias empíricas que lo demuestren, es difícil pensar que el comportamiento electoral podría ser, en esos últimos casos, esencialmente distinto.

No hay penalización electoral para los corruptos. Y lo que es peor: pueden contar con ello. Mal asunto

Conclusiones pesimistas porque suponen un serio revés para el control de los políticos por los procesos electorales y porque ponen en cuestión la capacidad del mecanismo electoral para discriminar ya no entre buenos y malos candidatos, sino incluso para cumplir la función más básica de expulsar de la arena política a aquellos que podrían haberse aprovechado irregularmente de los bienes comunes. En la investigación no se analizan las razones que llevan a los ciudadanos a exonerar en las urnas a los candidatos deshonestos, sino que se limita a constatar este fenómeno que, sin duda, debilita la calidad de la democracia en España.

El estudio, que examina el impacto electoral de los escándalos de corrupción que han tenido lugar en los Ayuntamientos de Andalucía y la Comunidad Valenciana entre las elecciones municipales de 2003 y 2007, contribuye al debate sobre la existencia o no de castigo por parte de los votantes a los políticos implicados en casos sospechosos. Los términos de la polémica son, básicamente, si la corrupción no es castigada en las urnas por cuestiones de tipo cultural o si el castigo es asimétrico, por lo cual únicamente algunos partidos políticos se verían exonerados mientras que los demás sí sufrirían una penalización electoral.

El estudio de la Fundación Alternativas (que incorpora un rastreo exhaustivo de los casos de corrupción y no se basa en una selección determinada de ejemplos) demuestra que la aparición de escándalos en los Ayuntamientos sigue un cierto patrón: estos tienden a concentrarse en municipios costeros con un nivel de población superior a la media y con una mayor disponibilidad de suelo urbanizable. Y que no existen diferencias significativas entre los principales partidos en la proporción de sus alcaldes que se ven afectados por escándalos; en cambio, sí parece que los independientes son más propensos a ser investigados judicialmente.