Cómo se ha llegado a esto

El caso del presunto asesino de la pequeña Mari Luz, en libertad cuando cometió el crimen de que se le acusa a pesar de estar condenado por abusar sexualmente de su propia hija, tuvo el efecto de desvelar en toda su crudeza, más allá de lo que se conocía o sospechaba, el grave deterioro que padece la justicia penal española. Las demoras o retrasos injustificados en la ejecución de las sentencias penales no son casos aislados, sino un mal generalizado que corroe al sistema penal en su conjunto y que genera una situación de impunidad e inseguridad jurídica incompatible con el Estado de derecho.

Así lo confirma el informe realizado a raíz de aquel trágico caso por el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial que cuantifica nada menos que en 270.000 las sentencias penales pendientes de ejecutar en la actualidad. Cómo se ha llegado a esta situación sin que el Consejo del Poder Judicial diera una voz de alarma suficientemente potente como para ser escuchada es algo que merecería una explicación.

Sin embargo, las causas no son un misterio. Este Consejo, que prolonga su lánguida existencia desde finales de 2006, ha estado dominado por una mayoría de vocales más atentos a las cuestiones políticas e ideológicas que a los problemas de la justicia. Tampoco los Gobiernos han estado a la altura de los retos de la justicia, a los que han solido responder cicateramente y con retraso. Predispuestos a gobernar con frecuencia a golpe de Código Penal y a potenciar la opción carcelaria como exclusivo remedio al delito, se olvidan luego de inyectar en el sistema judicial los medios exigidos por esa política. O pasan olímpicamente, como viene sucediendo desde 1995, de poner en marcha las infraestructuras necesarias para que puedan cumplirse las penas alternativas a la prisión -trabajos en beneficio de la comunidad y arrestos de fin de semana- que contempla el Código Penal desde aquella fecha.

El último ejemplo de incoherencia gubernamental en este campo es la reciente reforma penal de Tráfico, en la que las condenas, normalmente, a trabajos en beneficio de la comunidad, no pueden cumplirse por no disponer de plazas en organismos públicos y privados. El castigo adecuado a estas conductas de riesgo abstracto en la carretera -conducir ebrio, sin carné de conducir o a velocidad excesiva- no es la cárcel, sino la pena más reeducativa del trabajo. Lo que no puede ser es que queden impunes.

A este Gobierno parece que le ha tocado hacer un esfuerzo sin precedentes en la mejora de la justicia, aportando más medios donde sea necesario y reordenando profundamente los existentes. Y a esta tarea debe contribuir tanto un Consejo Judicial en plenitud de funciones como una oposición política vigilante pero acorde con ese objetivo. A la octava potencia económica del mundo de la que alardea Zapatero le corresponde una justicia que esté a su altura.