El futuro está en la ciencia

La comunidad científica española -y, por ende, el país- está de enhorabuena. El proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se ha aprobado recientemente en comisión por el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los grupos, a excepción de Izquierda Unida. En la práctica, la ley ha superado por unanimidad su primer trámite parlamentario, pues el citado grupo participa sin voto en la comisión. Ya solo queda el visto bueno definitivo del Senado. Nada más cerca, pues, del tan deseado Pacto de Estado por la Ciencia, desde hace años reclamado por las sociedades científicas, y que con satisfacción y esperanza debemos colocar en el haber de nuestros representantes políticos y, en particular, de la ministra Cristina Garmendia.

España está a punto de conseguir un pacto de Estado para promover la ciencia y la innovación

La aprobación de la ley en sí es una gran noticia, pero el júbilo es mucho mayor si cabe por el aval del consenso. Es comprensible que el texto acordado sea objeto de crítica y que todos tengamos en mente un proyecto alternativo, como por lo demás suele ocurrir con los acuerdos cerrados por unanimidad. Pero lo realmente relevante y trascendente hoy es que la ley queda blindada frente a la alternancia en el poder de los partidos políticos, ya que cuenta con el beneplácito de los dos grupos con posibilidades reales de gobierno a nivel nacional. El apoyo unánime al proyecto augura, por tanto, un prometedor futuro para su puesta en funcionamiento, cuando la ley empiece a ponerse en práctica, una vez aprobada, mediante medidas que desarrollen todos y cada uno de sus mandamientos, para lo cual será esencial cuidar y preservar la sintonía de criterio entre populares y socialistas.

El proyecto aprobado en el Congreso se ha mejorado de forma considerable con relación al borrador que presentó el Ministerio de Ciencia e Innovación hace un año. La definición de la carrera científica, la creación de la Agencia Estatal de Financiación, o la dotación de mayores competencias de gestión a los centros de investigación son solo algunos de los logros de la ley.

Otro avance señalado es el estímulo a las empresas para que inviertan en innovación y desarrollo tecnológico y, sobre todo, al mecenazgo privado, motor clave para acabar de impulsar nuestro sistema de I+D+i hasta equipararlo con el del selecto grupo de naciones en posiciones de vanguardia. En efecto, el estímulo a las empresas es un factor esencial para dinamizar la economía de los países avanzados. Para que la sociedad española llegue a constituir una parte integral de la nueva economía del conocimiento es absolutamente necesario que las entidades privadas participen y complementen el esfuerzo inversor en I+D+i de las Administraciones públicas, a semejanza de lo que ocurre en otros países.

En el debe del proyecto de ley recién aprobado debemos colocar ciertos aspectos aún mejorables, en relación sobre todo con el sistema de reclutamiento y promoción de los investigadores. Si se apuesta por la excelencia, por la competitividad y la aptitud como factores clave del procedimiento de selección, el diario devenir de los centros de investigación, incluidos los laboratorios universitarios, ha de encuadrarse en un marco de estabilidad y consistencia, en el que los investigadores hallen el ambiente necesario para desarrollar su trabajo con dedicación y esmero, en el que el reconocimiento al esfuerzo, la promoción por méritos, la evaluación periódica, el rendimiento de cuentas y la revisión contractual conformen las reglas de juego. Es una cuestión de gran importancia, que esperamos pueda ser revisada, al menos en parte, con la incorporación de modificaciones al texto durante su análisis en el Senado antes de su redacción final.

Esta nueva ley viene a sustituir a la Ley 13/1986 de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, que en tan solo tres décadas ha hecho posible que España llegue a ocupar una posición de primera fila a nivel internacional. Nuestros laboratorios compiten hoy con los mejores del mundo, tenemos un magnífico plantel de científicos consolidados y de jóvenes líderes que empiezan a formar sus propios grupos. Ha costado mucho tiempo y esfuerzo llegar a este punto y el paso siguiente es dar el gran salto al selecto pelotón de cabeza. De hecho, la iniciativa gubernamental de esta nueva ley plantea un reto ambicioso y de largo alcance, se trata de dotar al sistema español de ciencia y tecnología de los mecanismos e instrumentos necesarios para hacer que el país se sitúe en primera línea de batalla, no ya entre los más avanzados sino como país capaz de marcar la pauta y formar parte del escogido grupo dirigente.

La implantación de una nueva Ley de la Ciencia en el contexto socioeconómico actual parece difícil, pero es el momento de hacerlo, con decisión y visión de futuro. Puesto que la gobernanza conlleva la definición de prioridades políticas, confiemos en el saber y buen hacer de la ministra Garmendia, muy especialmente para convencer al presidente y a sus colegas de Gobierno del papel de liderazgo que le corresponde a la ciencia moderna en la economía del mañana, una economía basada en el conocimiento que permita proyectar al país hacia posiciones de liderazgo en el concierto internacional de naciones.

Miguel Ángel de la Rosa es presidente de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular.