La frontera de Batasuna

Lo más importante sucedido desde que ETA anunciara hace una semana su alto el fuego es que Gobierno y oposición, incluido el PNV, han respondido en la misma clave, evitando convertir el episodio en motivo de división entre demócratas, uno de los objetivos permanentes de los terroristas. Tras la palabra "insuficiente" que sintetiza esas reacciones se trasluce el reconocimiento de que es una novedad un alto el fuego sin pactos previos y, a la vez, que eso no basta para cambiar de estrategia antiterrorista. Porque si bien es una novedad que el anuncio sea consecuencia de la presión de Batasuna, esa presión es un efecto de la aplicación de una política cuyos ejes son la eficacia policial, la ilegalización y la negativa a negociar contrapartidas por el cese de la violencia.

Con evidente voluntarismo, los portavoces de Batasuna pusieron de entrada el sello de "irreversible" al alto el fuego, pero a continuación reclamaron al Gobierno que, a la vista del mensaje de ETA, se les permitiera participar en las elecciones de 2011, primer paso para crear las condiciones de un "proceso democrático", eufemismo de negociación. Deberían seguir pasos como el acercamiento de los presos, la derogación de la Ley de Partidos, etcétera.

La decisión sobre la participación electoral de la organización ilegalizada o sus sucedáneos no depende del Gobierno, sino de los tribunales. Lo que sí depende del Gobierno es la investigación policial, en su tarea de prevención del delito, de posibles maniobras destinadas a burlar la Ley de Partidos. Por ejemplo, la presentación de candidatos de Batasuna en listas de un partido legal, como EA. Si ocurre se planteará un problema jurídico, pero de momento el ministro de Justicia ha dicho que el alto el fuego no modifica la intención del Ejecutivo de seguir adelante con la reforma de la ley electoral para cerrar el paso a esas u otras posibles maniobras.

Desde una perspectiva política, el momento exige ir más allá de simplismos como que "ETA controla todo lo que hace Batasuna", o que "todo es ETA", que desvalorizan el éxito de una política antiterrorista que ha conseguido abrir una brecha entre los intereses del brazo político y el armado. Pero exige también evitar voluntarismos como que hay que facilitar la entrada de Batasuna en las instituciones para que desde ellas convenza a ETA.

Es más lógico mantener el nivel de exigencia hacia Batasuna, moral y políticamente obligada a conseguir el fin de la violencia después de años de participar en las elecciones en condiciones ventajosas por la amenaza de ETA al resto. Para acreditar que lo intenta sinceramente, el mínimo exigible sería su renuncia (y rechazo) a obtener ventajas, mediante una negociación, del posible final de ETA. Ventajas no derivadas de sus posibles resultados electorales, sino de una mesa en la que se negociaran contrapartidas políticas que Batasuna acaba de definir como condiciones para la paz. Esa renuncia marca la frontera a partir de la cual podría Batasuna (con otras siglas y otros estatutos) recuperar la legalidad.