Los europeos nos movemos

Hoy se inicia la Conferencia Intergubernamental (CIG) que, bajo presidencia portuguesa, hará posible que la Unión Europea reforme sus Tratados profunda y estructuralmente. La fecha preparada para que los jefes de Estado y de Gobierno aprueben definitivamente la reforma es el próximo 18 de octubre.

Hemos estado esperando esto desde el frustrante y frustrado Tratado de Niza. Hemos atravesado años de parálisis, de confusión, de crisis europea. Después de tocar la gloria casi con los dedos -teníamos una Constitución para Europa-, nos sumergimos en el infierno de los noes de Francia y de Holanda, y de la actitud euroescéptica del Reino Unido y de Polonia. Hoy salimos de ese túnel, gracias en gran medida a la aportación española, evitando lo que hubiera sido una terrible fractura, y, aunque no volvemos a la gloria, avanzamos hacia la Europa política que los ciudadanos del continente desean.

Hay que recordar que nuestra Unión ya ha recorrido un camino de extraordinaria importancia, que, por ejemplo, a España, le ha permitido ser un país instalado en la modernidad: España forma parte de una zona con un mercado integrado poderoso, una moneda única y una base democrática de gran tradición cultural. Esta es, era, la Europa del siglo XX. Ahora estamos en un nuevo siglo y ante otro panorama: la globalización. Y la Europa de los 27 tiene que cambiar.

La reforma de los Tratados ¿implica ese cambio? La forma de evaluar el avance es ver si nos servirán los nuevos instrumentos que tendrá la nueva Europa. Si nos servirán para responder a los verdaderos desafíos que la Unión tiene delante de sí.

Pensamos que una Europa política es la que puede resolver los siguientes tres grandes retos: el del crecimiento sostenible en la sociedad de la comunicación y el conocimiento (la agenda de Lisboa); el de la seguridad frente al terrorismo global y la criminalidad internacional; y el de un mundo multipolar y desequilibrado, atravesado por conflictos complejos y por la profunda y amplísima pobreza causante de una interminable inmigración. Este dibujo, a grandes rasgos, explica la demanda de más Europa que existe en el mundo. La cultura democrática, el poder económico, la conciencia ciudadana de Derechos Humanos que Europa representa son imprescindibles para operar en el planeta Tierra, ya definitivamente interconectado en red. Europa debe ser capaz de aportar esa Weltanschauung, esa cosmovisión.

Pero la Unión no tiene aún mecanismos para ser un actor global. Y en este punto a todos se nos ocurre inmediatamente lo del "gigante económico" y el "enano político". No podemos ser aún, es verdad, un gigante político -como lo es EE UU o lo es, todavía, Rusia o China- pero sí debemos ser un sujeto político de tamaño "normal", para poder responder a lo que el siglo XXI nos pide. Esto es lo que pretendió la Convención que creó el proyecto de Constitución, que, a su vez, es la base esencial de la reforma de los Tratados que hoy arranca.

Seguramente, esta reforma de los Tratados no es todo lo que los europeístas soñamos, en términos de símbolo de una identidad europea. Sin embargo, sí es un cambio de entidad histórica equivalente al que tuvo el Tratado de Maastricht. Lo es, porque se trata de una reforma equilibrada, que fortalece los pilares sobre los que hacer política con la ambición de una potencia civil, como es la Unión. Veámoslo.

La reforma que aprobará la CIG fortalece la estructura política de los poderes de la Unión. Es lo que se pretende con un presidente estable de la Unión y un Alto Representante (un ministro de Asuntos Exteriores, sin llamársele así) con la capacidad administrativa real para crear política exterior, en su dimensión económica y comercial también. Es lo que se plantea, asimismo, con la consagración de un Parlamento Europeo que será ya un colegislador pleno junto al Consejo de Ministros.

La reforma va a desatar el corsé de la unanimidad. En 87 materias de gran relevancia, ningún Gobierno va a poder vetar una decisión. Vamos a tener políticas comunes en los asuntos vitales de la energía o la inmigración, que merezcan tal nombre. Y aquellos gobiernos que lo deseen (un mínimo de nueve) van a poder avanzar más mediante "cooperaciones reforzadas", en políticas propiamente europeas. Ha sido el único modo de evitar que la ampliación a 27 se convirtiese en una "jaula" paralizante.

Europa va a poder construir una política europea de protección del medio ambiente y contra el cambio climático. Va a poder actuar eficazmente en materia de seguridad y de derecho civil o penal. Va a poder avanzar en política exterior y de defensa, si bien en este tema habrá que abrir la puerta a las antes citadas "cooperaciones", no aceptando vetos injustificados. Va a poder hacerlo... si los gobiernos y los ciudadanos europeos lo quieren. No hay ya obstáculos institucionales. Se ha terminado la era de los vetos insolidarios. Por el contrario, se inicia la época de la cláusula de solidaridad frente a ataques terroristas o catástrofes. Ha llegado la hora de la voluntad política en positivo.

Los ciudadanos europeos no tendremos todavía una Constitución -y seguiremos trabajando para conseguirla-, pero sí tendremos sus elementos básicos: una Carta de Derechos vinculante jurídicamente, y unos poderes ejecutivo, legislativo y judicial independientes, con importantes competencias, suficientes para hacerse presentes en la escena internacional. Tendremos un derecho europeo por encima de las leyes nacionales.

Sería un error no valorar y apoyar todo esto, con el pretexto de una insuficiente unidad política. Porque es el avance imprescindible para profundizarla en el futuro.

Para las elecciones europeas de 2009 debe estar vigente esta que es, creemos, la más importante reforma "constitucional" europea hecha hasta el momento, después de medio siglo de historia sin guerras en los Estados de la Unión. La reforma permitirá configurar un Gobierno europeo y una Democracia europea; un diálogo político supranacional.

A partir de ahora, los dirigentes de nuestros países van a tener en sus manos los poderes que han pedido para hacer más prósperos y solidarios a sus pueblos. Sería el momento de exigirles que lo hagan.

Diego L. Garrido es portavoz del PSOE en el Congreso. Carlos Carnero es eurodiputado. Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.