El dilema de Bildu

La coalición Bildu, para la que pedirá el voto Batasuna, presentó ayer sus candidaturas para las elecciones municipales y forales del País Vasco y Navarra. Son 300 listas formadas por miembros de dos partidos legales (EA y una escisión de la Izquierda Unida de Madrazo) y personas identificadas con Batasuna, pero que se presentan como independientes.

No hay duda de esa identificación, pero de ello no se deriva que su presencia sea razón suficiente para invalidar las listas de la coalición. El Tribunal Constitucional dejó establecido hace cuatro años que haber formado parte de un partido ilegal no impide integrarse en uno legal e incluso figurar en sus candidaturas siempre que no exista inhabilitación personal o se demuestre que ese partido se presta a dar continuidad al ilegal. Pero esa continuidad no es personal, sino política. Es decir, que se demuestre que el partido legal pretende prolongar la función ilegal como instrumento de la estrategia terrorista.

La ecuación según la cual Sortu es Batasuna y Batasuna es ETA, de donde se deduce que Sortu es ETA, ya era problemática, como demuestra la apretada votación del Tribunal Supremo; extender el silogismo a una coalición como Bildu lo es en mayor medida. Pues las personas que figuren en las candidaturas no lo hacen con una etiqueta que señale su pasado; puede haber miembros de EA que fueron en el pasado de Herri Batasuna, y no sería lógico que ello bastase para impugnar la lista correspondiente. Para hacerlo habría que probar la voluntad de continuar la estrategia político-militar compartida durante años por ETA y su brazo político.

La decisión corresponde a los tribunales, siendo el Gobierno responsable de facilitar los indicios existentes. Tras varios días de absurda polémica entre socialistas y populares, alimentada por declaraciones irresponsables, el líder del PP vasco, Basagoiti, opinó ayer que no es el momento de buscar pelea entre ambos partidos, sino del acuerdo para "alcanzar la disolución incondicional de ETA". Zapatero, por su parte, dijo el domingo que aunque haya signos positivos en la evolución de la izquierda abertzale, cuatro meses no bastan para disolver 40 años de violencia, y se comprometió a estar atento a los cambios en Batasuna, pero también a mantener el acoso contra ETA mientras no anuncie su retirada definitiva.

Es claro que los jefes de la banda no tienen ninguna intención de hacerlo; pero hay en prisión 730 etarras, mientras que, según la policía, los miembros activos de ETA en libertad serían menos de un centenar. Si es cierto, como se asegura, que una gran parte de esos presos está a favor de la línea de Otegi, ello significaría que hasta en ETA hay una mayoría potencial contra la continuidad de la violencia; y, por tanto, que existen condiciones para que, por su propio interés, Batasuna presione a ETA, exigiéndole su disolución. Es el paso que le falta por dar, y que seguramente sería decisivo para que los tribunales den luz verde a su participación electoral.