Wikileaks y el desfalco venezolano
He celebrado el hecho de que EL PAÍS haya sido incluido entre los cinco medios que Wikileaks seleccionó para dar difusión a los cables del Departamento de Estado.
El trabajo periodístico y de investigación que habéis hecho hasta el momento ha sido de gran altura. Como latinoamericano celebro también que un medio con tanto interés en la región haya podido poner en contexto y ventilar de forma inteligente un número importante de cables concernientes a nuestra región.
Dicho esto, quisiera expresar mi profunda sorpresa sobre la forma en la cual fueron editados por ustedes una serie de cables procedentes de la Embajada de Estados Unidos en Caracas referentes a información obtenida de altos cargos del Ministerio de Energía y de la estatal Petróleos de Venezuela. En esos correos se denuncian crímenes contra el erario público venezolano cometidos con el conocimiento o bajo las órdenes del presidente Chávez y/o del ministro de Energía y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.
Si bien en este delicado proceso de publicar documentos secretos o confidenciales se entiende la protección de fuentes que de buena fe compartieron impresiones e información con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, es incomprensible que un diario como EL PAÍS sirva de censor y elimine no solo los nombres y posiciones de las fuentes -que en algunos casos se entiende-, sino párrafos enteros de estos cables. No solamente se tergiversa la función de un periódico, sino se corre el riesgo de convertirse en jueces de causas que no les competen o inclusive en cómplices de quienes buscan proteger. No se trata tampoco de pedirles que sean verdugos de unos funcionarios que bien pudieran renunciar si están en desacuerdo con el proceder de sus superiores y colegas.
No es EL PAÍS quien tiene que medir las consecuencias para esas personas de lo que hacen y cuentan, son ellos adultos con responsabilidad inmensa en lo que cuentan y también en lo que callan. Aquí lo que se encubre es uno de los fraudes más cuantiosos de la historia. Millones, quizás cientos de millones, de barriles de petróleo que se inventan, que se cuentan dos veces y que se venden a precios irrisorios no pueden sino ser un acto criminal, responsabilidad de muchos, entre quienes están unos que ustedes consideran necesario proteger haciendo uso excesivo de los tachones del censor. EL PAÍS recibió 251.287 cables ajenos, producto de un acto probablemente criminal; es ingenuo ahora pretender que es su deber proteger, no a gente inocente, sino a partícipes activos (o pasivos) de un gran desfalco contra 29 millones de venezolanos.
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