¿Suprimir o reformar?

La propuesta del socialista Rubalcaba de reformar el nivel provincial de la Administración, gestionado por las Diputaciones, tiene que ver con la necesidad, impuesta por la crisis, de reducir el gasto público. Pero la crisis también ha provocado un crecimiento del paro que estimula las tendencias clientelares de los partidos. El resultado es que los socialistas, que han perdido casi todo el poder que tuvieron en esas instituciones, se muestran ahora partidarios de eliminarlas o al menos de reducir sus competencias. Mientras que el PP, que desde las elecciones de mayo controla 24 de las 38 diputaciones de régimen común, es abiertamente reticente.

Esto supone una excepción en la actual línea autonómica del PP. Rajoy ha sustituido los criterios ideológicos que inspiraron su política territorial en la anterior legislatura por planteamientos más relacionados con la eficiencia: el solapamiento de competencias y falta de control del gasto provoca un derroche que España no puede permitirse. Aunque el tema concreto de las Diputaciones no fue invocado, es evidente que su supresión encajaba en esa lógica. Una de sus consecuencias más extremas fue la posibilidad, planteada por varias autonomías, de devolver al Estado competencias transferidas en su momento.

Que ello sea imposible sin reformar los Estatutos no impide constatar que si el PP lo propone es porque un amplio sector de la opinión pública ha dejado de valorar como esencial la reclamación de más competencias. De acuerdo con esta nueva sensibilidad, constatada por las encuestas, también el PSOE introdujo en su convención autonómica de enero pasado propuestas que combinaban criterios de mayor eficiencia y austeridad. La supresión de las Diputaciones cumpliría en teoría la finalidad de simplificar y perfeccionar la cooperación entre los distintos niveles de Gobierno, pero un proyecto, presentado por el ministro Jordi Sevilla, que lo incorporaba, fue rechazado en 2006 por el PSOE.

La supresión sin más de las Diputaciones no sería fácil. Requeriría una reforma de la Constitución, cuyo artículo 41 atribuye personalidad jurídica a las provincias y encomienda su gobierno y administración a las Diputaciones. El Tribunal Constitucional confirmó ese carácter de la provincia en su sentencia sobre el Estatuto catalán. Y la reforma constitucional implicaría a su vez un acuerdo entre PP y PSOE.

De momento, por tanto, puede considerarse una posibilidad a estudiar, no una propuesta de Gobierno porque no es asunto que pueda abordarse unilateralmente. Entre otras cosas se precisa un estudio riguroso de sus efectos, no solo económicos. Encuestas realizadas en la Transición demostraron que la identificación con la propia provincia es en algunas comunidades más intensa que la suscitada por la región o nacionalidad en que se inscribe. Un equilibrio realista podría ser una reforma pactada de las Diputaciones que precise sus funciones y aligere su aparato administrativo y su presupuesto, sin eliminarlas.