Problemas pendientes

La economía española inicia 2010 con signos evidentes de que la recesión se está moderando de forma significativa. Las predicciones para el ejercicio avaladas por los economistas y las instituciones de análisis económico indican que en 2010 se registrará una contracción del PIB algo inferior al 1% (frente al 3,5% de 2009), que el consumo también desacelerará su caída y que la recuperación económica europea permitirá una mejora de las exportaciones españolas, circunstancia que a su vez facilitará la transición desde la fase recesiva, más prolongada en el caso español que en el europeo o estadounidense, hacia una lenta reactivación, que podrá confirmarse quizá a finales de este año o comienzos de 2011.

Ahora bien, el hecho de que la recesión se suavice -o, como dice la vicepresidenta Salgado, que "lo peor ha pasado"- no debería generar excesivos entusiasmos gubernamentales. Parece oportuno aclarar qué se entiende por recuperación; si se considera que es el retorno a tasas de crecimiento positivo, entonces puede decirse con relativa certeza que habrá crecimientos moderados del PIB en términos intertrimestrales a partir del segundo trimestre (o antes) y que en 2011 se volverá a la senda de un crecimiento interanual positivo. Pero si por recuperación se entiende conseguir tasas de crecimiento que generen aumentos netos de empleo, es poco probable que esa situación se dé antes de 2012. Dado que el paro y el hundimiento de la ocupación son los problemas más graves que tiene la economía española, con una tasa de desempleo que superará el 19% este año y que las finanzas públicas difícilmente podrán soportar durante un periodo prolongado, parece más correcto definir la recuperación en términos de creación de empleo.

La política económica se enfrenta en 2010 a la tarea de apuntalar un mercado laboral en ruinas, que ha expulsado más de 1,5 millones de ocupados entre junio de 2008 y septiembre de 2009 y que se ha demostrado discriminatorio e ineficiente. Una gran cantidad de jóvenes preparados sufre las inclemencias de la contratación precaria y el desempleo, a pesar de que podrían sustituir con solvencia a una parte de la población laboral que tiene contratos inamovibles. La rigidez del mercado laboral impide que se trasladen recursos humanos desde sectores agotados a otros de futuro. Empieza a ser vital que las fuerzas sociales negocien un acuerdo que reduzca la dualidad del mercado y corrija las deficiencias citadas. Para ello no hay necesidad de entrar en la eterna reclamación de la CEOE del abaratamiento del despido.

Además, el Gobierno tiene que dar respuesta de una vez por todas a la reestructuración del sistema financiero. Tal reestructuración es urgente, más incluso que la laboral, porque la supervivencia de muchas empresas viables depende de la obtención de crédito y ese crédito desaparece si las entidades no aclaran sus balances cargados de activos depreciados. Sin embargo, el proceso de fusiones avanza con notable lentitud, boicoteado por los intereses políticos de las comunidades autónomas y bajo la sospecha de que no existe fuerza institucional para imponer las fusiones útiles, las que reúnen entidades de diferentes comunidades autónomas.

El Gobierno se resiste a aceptar que la política económica ya no puede estar basada sólo en la aprobación de paquetes confusos de ayudas públicas. Han sido útiles y sostienen más de un millón de empleos, pero los tiempos han cambiado. Es el momento de articular una reforma del gasto público que permita asignar recursos a educación e inversión al tiempo que se reduce el déficit público. Sin esa reforma, se bordea el riesgo de acabar con un coste de financiación de la deuda inasumible para la estructura fiscal del país. La cuestión es si este Gobierno está preparado para hacer frente a estos desafíos y tiene la fuerza política para hacerlo.