Primeras consecuencias

la detención de tres presuntos miembros de ETA ayer en Francia es seguramente una de las consecuencias que anunció el presidente del Gobierno tras el robo de armas de Nimes. Es de esperar que esas detenciones tengan también consecuencias políticas respecto a la desconfianza del primer partido de la oposición en relación a la actitud del Gobierno en estos momentos críticos del proceso iniciado con el alto el fuego de marzo. El juicio celebrado ayer en la Audiencia Nacional contra Txapote, presunto asesino de Gregorio Ordóñez, ha venido a recordar hasta qué punto resulta incongruente el alto grado de enfrentamiento entre ambos partidos cuando es tanto lo que les une contra ETA, y tantísimo lo que está en juego.

Gregorio Ordóñez, concejal y candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián, fue asesinado el 23 de enero de 1995. Hasta ese día, ETA había matado sobre todo a policías y militares. Desde entonces pasó a atentar directamente contra adversarios políticos, especialmente personas vinculadas al PP y al PSOE: asesinó a 20 miembros de esos partidos, de los que 15 eran concejales.

Como explicó ayer la viuda de Ordóñez, Ana Iribar, el asesinato fue precedido de pintadas amenazadoras, que siguieron después del crimen. Tales acciones formaban parte de la estrategia de intimidación social puesta en pie por ETA. En un comunicado de 2002 declaraba "objetivos militares" a las sedes y actos políticos de PSOE y PP. Antes, en los pactos secretos que precedieron al de Lizarra, ambos partidos eran estigmatizados como enemigos de Euskal Herria. Esa situación, que impedía la competición política en igualdad de condiciones, favoreció el acuerdo entre PP y PSOE para sacar de la legalidad al brazo político de ETA.

El último Zutabe de ETA, conocido ayer, justifica el rebrote de la coacción callejera (que incluye ataques a sedes de los partidos) como respuesta a las actuaciones judiciales y policiales contra la ilegalizada izquierda abertzale;

pero no puede haber pasividad policial mientras ETA se rearma, ni legalización mientras Batasuna rehúsa desvincularse de la banda y de esa coacción. El bloqueo existe, por tanto, pero no porque el Gobierno no ceda lo suficiente, como ha vuelto a insinuar Otegi, sino por el temor de Batasuna a hacer política sin el amparo de ETA, como dijo ayer Josu Jon Imaz.

La firmeza del lider actual del PNV contra la pretensión de ETA de "condicionar el debate con la violencia, rompiendo las reglas de juego pactadas por todos" es un rasgo que favorece la dinámica del proceso y que se une a la inercia social creada por los tres años y medio sin muertos, que hace más costosa para ETA la vuelta a las armas. Las cosas están mal, pero peor lo tiene ETA, y eso hace que todavía estemos ante una oportunidad mejor que las de 1989 y 1998. El juicio contra el asesino de Ordóñez recuerda de dónde venimos, y las detenciones de Francia desmienten que el Estado esté en tregua: ambas cosas deberían permitir orillar tanta desconfianza y reemprender el camino de la unidad democrática antiterrorista.