Posiciones cerradas

El diálogo social, es decir, el intento de conseguir un acuerdo entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno que minimice los daños de la recesión y promueva una cierta estabilidad laboral, ha vuelto a embarrancar debido a la cerrada posición de la CEOE. A pesar de la teatral irrupción del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, con su cena en La Moncloa para "acercar posiciones" y probablemente para apuntarse el tanto del acuerdo final, los empresarios no aceptan la rebaja de las cotizaciones sociales propuesta por el Gobierno -0,5 puntos de forma permanente y un punto más sólo durante 2010- y han vuelto a la exigencia inexcusable de una reforma del mercado de trabajo.

Una durísima e inusual nota pública emitida ayer por Trabajo acusa a la CEOE de rebasar todas las líneas rojas del diálogo y exigir la indefensión de los trabajadores. Tanta dureza revela la gravedad del desacuerdo que existe entre el Gobierno y la patronal sobre el contenido de la negociación y que, probablemente, ese desacuerdo es irreversible.

El Gobierno necesita la inyección de vitalidad política de un acuerdo social -la foto-, porque es signo de tranquilidad y aquiescencia de las fuerzas económicas del país; pero no está dispuesto a perder el favor de CC OO y UGT en momentos en que política social equivale a votos. Los sindicatos no pueden perder pie en la defensa de las condiciones actuales en el seguro de desempleo, indemnizaciones y ayudas a los parados, porque del éxito de esa defensa depende en gran parte su importancia institucional. Los empresarios creen que ahora es el momento propicio para obtener una reforma de la legislación laboral que abarate el despido y reduzca los costes laborales. Y no parecen dispuestos a figurar en la foto sin tales ganancias.

La reforma laboral en la que piensan la CEOE y sus economistas propios y asociados es una reducción del coste del despido que no se corresponde con las actuales circunstancias sociales y económicas. La creación o destrucción de empleo no están asociadas en primera instancia al coste del despido, sino a la actividad económica. Hoy no resulta una prioridad abaratar las condiciones de contratación. Más aún, cuando llegue el momento de reformar el mercado laboral, los cambios no deberían centrarse sólo en el abaratamiento de las indemnizaciones; también en aumentar la contratación fija, en favorecer el trasvase de empleo desde sectores en crisis hacia sectores emergentes y en mejorar la movilidad geográfica.

Si el acuerdo no es posible, el Gobierno tiene que tomar sus propias decisiones. Está bien reducir moderadamente las cotizaciones sociales y prorrogar la ayuda a los parados. Pero no basta. La estabilidad social exige que con la mayor brevedad favorezca un acuerdo salarial y una mayor flexibilidad en la negociación colectiva. Se trata de quebrar, ordenadamente, las barreras que impiden la negociación directa entre las empresas y los trabajadores en casos excepcionales o de supervivencia.