Objetivos claros

El suministro de energía, seguro, a un precio razonable y sin graves consecuencias medioambientales, será uno de los problemas más acuciantes y difíciles de resolver en el próximo futuro. Ya lo es en el presente. La energía primaria procede hoy, de forma aplastante, de los combustibles fósiles, algo claramente insostenible por los problemas de dependencia de unos pocos países productores, escasez intrínseca y las emisiones de dióxido de carbono que generan, factor determinante en el calentamiento global. Si queremos una situación más sostenible dentro de unas décadas, será necesario un cambio profundo en nuestros hábitos de vida y un aumento significativo de las otras fuentes de energía, nuclear y renovables.

Las renovables suponen hoy una fracción insignificante en términos globales, aunque haya algunas excepciones entre las que se encuentra nuestro país. De ahí la importancia de seguir impulsando este sector. Pero también es necesaria la energía nuclear, cuyas características de no intermitencia y fiabilidad combinan perfectamente con las renovables, que son intermitentes por naturaleza.

En Europa, la energía nuclear supone aproximadamente un 30% de la electricidad generada y en España, del orden del 18%. No parece verosímil poder prescindir de ella. Mientras las instalaciones existentes funcionen con garantías de seguridad, es razonable conservarlas y, cuando no sea ya posible su mantenimiento, sustituirlas por nuevos reactores, más eficientes y más seguros. De ahí que resultara difícil de entender que se fijara en el proyecto de Ley de Economía Sostenible un plazo de 40 años para la operación de las centrales nucleares. El criterio de los 40 años fue la excusa para cerrar Garoña, una prenda política pagada por el Gobierno a quienes pretenden cerrar todas las nucleares. Ahora, el Gobierno ha cambiado bruscamente de criterio, como paso necesario para aceptar que el cierre de la potencia nuclear instalada es una insensatez energética.

En nuestro país es el Consejo de Seguridad Nuclear el que emite un informe, cuando se pide una prórroga para una instalación, acerca de su seguridad para seguir operando durante el periodo solicitado, normalmente de 10 años por encima del tiempo que marca la autorización en vigor. Este mecanismo de control choca con la fijación por ley de un periodo de funcionamiento. Una central mal gestionada o diseñada debe dejar de operar independientemente del plazo fijado de antemano, pero si cumple los requisitos de seguridad, ha sido bien gestionada y se hacen las inversiones necesarias, puede seguir operando más allá de ese plazo.

La enmienda a la Ley de Economía Sostenible, aprobada en el Congreso con apoyo del PSOE, PP, CiU y PNV, ha eliminado esa limitación y permite poner en práctica el mecanismo flexible de estudio caso por caso y máximo aprovechamiento de las inversiones realizadas. Se trata de un cambio lógico que viene a corregir una anomalía que nunca debió producirse.