Nada de nada

El caso de la clínica Isadora de Madrid, a la que se acusó de practicar abortos ilegales, tiene todos los visos de ser un acabado ejemplo de prefabricación ideológica, como lo fue el de las supuestas sedaciones irregulares del hospital Severo Ochoa de Leganés, en el que se llegó a acusar al doctor Montes de 400 homicidios.

La Audiencia Provincial de Madrid, en tres autos distintos fechados el 29 de junio, ha salido al paso de las numerosas irregularidades cometidas en el procedimiento abierto a esta clínica, autorizada para la interrupción voluntaria del embarazo, por la supuesta eliminación irregular de residuos orgánicos, transformado de inmediato en una búsqueda generalizada de abortos ilegales. Ninguno de los protagonistas del caso sale bien parado: ni el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que recibió la denuncia sobre la aparición de restos humanos supuestamente procedentes de abortos ilegales en la clínica Isadora; ni el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que investigó la denuncia tras haberla archivado su colega del Juzgado número 6; ni el partido Alternativa Española y la asociación Unidos por la Vida, que pretendieron darle vuelo sin tener interés directo en ella.

Sobre los agentes del Seprona dice la Audiencia que, tras el archivo de la denuncia por el primer juez, siguieron trabajando por su cuenta, comprometiendo en su actuación por libre a las autoridades administrativas y ocultando que había recaído una resolución judicial sobre el caso. Al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid le quita el asunto, devolviéndolo al Juzgado número 6, que lo archivó originariamente. Pero antes, la Audiencia atribuye gravísimas irregularidades al titular del Juzgado número 47, como mantener imputadas a tres personas sin concretar los cargos, salvo una genérica referencia a la realización de abortos ilegales, y no garantizar como debiera la intimidad de un numeroso grupo de mujeres que, "sin ser sospechosas de haber cometido delito alguno, han visto cómo datos relevantes de su vida íntima han quedado expuestos al conocimiento ajeno, rompiendo la confidencialidad de sus historias clínicas".

La decisión de la Audiencia debería tener consecuencias. De carácter administrativo para los agentes del Seprona, que actuaron por su cuenta desobedeciendo al primer juez. También procesales, pues es difícil mantener que el carácter irregular de la instrucción no acarree la nulidad del procedimiento entero. Es de esperar que el Juzgado número 6 no vaya contra sus propios actos, y ordene el archivo de la causa. No deben prosperar los intentos de utilizar la justicia por motivos ideológicos: para intimidar a las mujeres que quieren abortar, en el caso de la clínica Isadora, y para neutralizar a los médicos que ponen sus conocimientos al servicio de una muerte sin sufrimiento de los enfermos terminales, en el caso del hospital Severo Ochoa.