Municipios vulnerables

La detención de la alcaldesa del municipio zaragozano de La Muela, elegida primero por el Centro Democrático y Social y después por el Partido Aragonés, vuelve a poner de manifiesto que el poder local se ha convertido en el más vulnerable a la corrupción, independientemente de la adscripción política de quien lo ejerza. Los delitos que el juez imputa a los responsables del Ayuntamiento de La Muela son los mismos que se vienen repitiendo en cada uno de los casos semejantes: blanqueo de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Como también el mapa electoral recuerda al de los restantes municipios envueltos en prácticas ilegales: la alcaldesa lleva ininterrumpidamente en el poder más de dos décadas. E, incluso, las escenas posteriores a la detención parecen obedecer a un guión repetido sin variaciones: los detenidos por corrupción suelen contar con un alto grado de apoyo entre sus vecinos.

La amplitud del fenómeno, así como la reiteración de los esquemas políticos y sociológicos observados en cada caso, demuestran que la corrupción municipal tiene, sin duda, una causa necesaria en un afán de lucro que no repara en la licitud de los medios. Pero la causa suficiente habría que buscarla en las deficiencias del sistema institucional, incompetente para prevenir los abusos y sólo capaz de detectarlos y castigarlos por la vía penal cuando adquieren proporciones escandalosas. Y también para este punto existe un patrón de comportamiento que dicta la reacción de los grandes partidos, postergando la consideración de la corrupción municipal como lo que es: un grave problema institucional y no una sucesión de episodios aislados. Mientras que el PP ampara a sus militantes bajo sospecha y reclama el monopolio de la virtud cuando la corrupción afecta a los socialistas, el PSOE toma inmediatas medidas contra los encausados procedentes de sus filas. Pero ni uno ni otro, ni tampoco las restantes formaciones, parecen decididos a adoptar iniciativas políticas y parlamentarias que saneen y fortalezcan a los ayuntamientos.

La corrupción municipal se ha desarrollado al amparo de la burbuja inmobiliaria, pero también la ha retroalimentado. Los ayuntamientos vieron en las recalificaciones de terreno un instrumento para obtener recursos para las arcas municipales, supliendo las carencias a las que los condenaban los Presupuestos del Estado. Pero la zona gris en la que se desarrollaban estas prácticas fue dejando paso a la abierta ilegalidad, al cobrar protagonismo los intermediarios por cuenta propia y ajena entre los municipios y los promotores inmobiliarios. Del beneficio para los ayuntamientos y de la mejora de los servicios que prestan a los ciudadanos se pasó al enriquecimiento personal, transitando en muchos casos por la financiación de los partidos. La corrupción urbanística terminó por configurarse, así, como una coalición de intereses tejida a partir de un espejismo de prosperidad, pero imbatible mientras duró.