Mordazas legales

El nuevo proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ha puesto en marcha en Argentina el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner revela en su articulado la voluntad de algunos mandatarios latinoamericanos de utilizar el poder para favorecer un ordenamiento legal destinado a limitar, si es que no a silenciar definitivamente, las críticas adversas. Hace muy poco, el fiscal general de Venezuela llevó al Parlamento una iniciativa mucho más agresiva: un proyecto de ley que abre la posibilidad de llevar a la cárcel a cuantos divulguen informaciones que "pueden atentar contra la estabilidad de las instituciones del Estado", una fórmula vaga en la que se podría escudar la represión de cualquier contestación a la revolución bolivariana que lidera Hugo Chávez. El caso argentino no va tan lejos. Lo que empezó allí como una batalla contra el grupo Clarín por los derechos del fútbol, y que se presentó después como una medida estratégica para evitar la concentración excesiva de poder en algunos medios, ha terminado por convertirse en una propuesta fuertemente estatalista, que atomiza el sector privado y le obliga a depender de la arbitraria renovación de las licencias, válidas durante 10 años. Pasado el plazo, y como ya ocurrió en Venezuela, es fácil recurrir a la fórmula legal para cancelar los permisos de los medios díscolos.

También el Gobierno de Rafael Correa ha desempolvado una ley especial, que se estableció en Ecuador en 1975 durante la dictadura de Rodríguez Lara, para emprender procesos judiciales contra algunos medios. En la Bolivia de Evo Morales se teme que en la anunciada reforma judicial que se producirá tras las elecciones de diciembre, en la que previsiblemente volverá a ganar, se incluya también un apartado que permita silenciar a cualquier rival. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, fue muy claro este fin de semana: acusó a los periodistas de servir "a los enemigos del pueblo". "Apaguemos el televisor y tengamos la mente limpia. No es necesario leer periódicos" ha sido, por su parte, la fórmula de Correa que, como presidente de turno de Unasur, quiere proponer la creación de un organismo regional para vigilar el trabajo de los periodistas.

Agresiones físicas, acoso judicial, asfixia económica (negando publicidad institucional o subiendo los impuestos al papel), cierre de medios. El último paso de los regímenes populistas latinoamericanos es acomodar la ley a sus intereses y acabar con la libertad de expresión. Pero sin esa libertad no hay democracia, como no la hay si no se refuerza la independencia del poder judicial y se cultiva la pluralidad. Algunas fuerzas de izquierda, que apoyan esta deriva autoritaria defendiendo que se hace con el apoyo del pueblo, deberían recordar que tan sólo con las urnas o con la voz directa de las asambleas no se construye una democracia. Para que funcione es imprescindible la libertad de expresión, el derecho de la minoría a discrepar y la fortaleza de las instituciones del Estado de derecho.