Maldita hospitalidad

Quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero cometerá una falta grave, sancionada con una multa de entre 501 y 10.000 euros. Lo dice el anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería, impulsado por el Gobierno, que explica en qué consiste exactamente esa falta: "Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor". La multa es exactamente igual a la prevista para los empresarios que no den de alta al trabajador extranjero en el Régimen de la Seguridad Social o que cometan irregularidades en el contrato de trabajo. Es decir, se piensa que merecen igual castigo quienes intenten ayudar a un extranjero, pagándole la comida o la vivienda, sin sacar provecho económico alguno, que a quien se aprovecha de él y le explota. La hospitalidad, probablemente uno de los conceptos más antiguos y conmovedores de la humanidad, se ha convertido en el mundo de hoy en una falta grave, que el Estado tiene que erradicar a toda velocidad.

Merecen igual castigo quienes intenten ayudar a un extranjero que quien se aprovecha de él y le explota

Las nuevas normas se van a aprobar justo cuando la crisis ha frenado en seco las corrientes migratorias

Hasta ahora se había comentado ampliamente la dureza del proyecto de ley con los inmigrantes irregulares, disimulada, eso sí, tras una larga retahíla de artículos en los que se reconocen derechos que ya estaban reconocidos y amparados y que ahora se enuncian nuevamente, como sombrilla bajo la que se colocan nuevas, y muy discutibles, normas de internamiento forzado y expulsión. Quedaba por aclarar que quienes se atrevan a acoger o ayudar a los inmigrantes en situación irregular, es decir, a seres humanos que no han cometido ningún delito, sean españoles o extranjeros legalizados, serán también duramente perseguidos.

La idea es tan violenta que el propio texto legal explicita que "en la propuesta de sanción se tendrán especialmente en cuenta todas las circunstancias personales y familiares". Quizá la multa sea menor si se trata de un inmigrante "con papeles" que no ha expulsado de casa a su hermano, en situación irregular, o de un trabajador social poco dado a cerrar la puerta de su comedor público. Las autoridades prometen estudiar cada caso con cuidado. Lo que importa, sin embargo, no es la benevolencia con que se aplique este artículo de la ley, sino la profanación que supone su simple enunciado. Profanación no es una palabra religiosa. Significa deshonra, uso indigno de algo que se considera respetable y las leyes, la ley, debería entrar en ese apartado. El concepto de hospitalidad tampoco es un concepto religioso. Más bien era una obligación impuesta por los dioses a los humanos en la antigüedad, una manera de hacerles hombres y mujeres. No se trató nunca de una virtud moral sino de una responsabilidad. No se trata de ser "hospitalarios" porque somos buenos y tontos (una asociación de ideas que tanto gusta a los imbéciles malvados), sino porque es una obligación del ser humano, una de las más antiguas que se recuerdan y reconocen.

Un numeroso grupo de ciudadanos españoles, convencidos de esa obligación, ha promovido un manifiesto para la reforma de la ley que se titula: "Salvemos la hospitalidad" (el documento se puede descargar en http://www.dosorillas.org/spip.php?article1833). Entre otras cosas, el manifiesto señala que "el Estado español pierde toda legitimidad ético-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial de los Derechos Humanos, despoja de ayuda a las personas en situación irregular y pretende intimidar a quienes ejerzan la hospitalidad y el cuidado del otro". Entre los firmantes hay representantes de agrupaciones religiosas, catedráticos de Derecho (muchos vinculados con la Universidad de Comillas), fiscales, artistas y ciudadanos anónimos, que se niegan a dejarse meter miedo y que exigen que las sanciones se reserven explícitamente para quienes se aprovechen "con ánimo de lucro" de las necesidades de los extranjeros "sin papeles". Esa mención atajaría los posibles casos de empleadas del hogar en situación irregular, que no son declaradas como trabajadoras y de las que, sin embargo, se obtiene un rendimiento, sin colocar en pie de igualdad a quienes realmente no obtienen ningún beneficio de la ayuda que prestan.

Es cierto que el Gobierno español no es el primero en Europa en dar paso a normas de este tipo. Francia, por ejemplo, ya recorrió ese camino. La Italia de Berlusconi ha llegado todavía más lejos. Lo que quizá resulta más lastimoso del caso de España es que las nuevas normas se van a aprobar justo cuando la crisis mundial ha frenado en seco, por lo menos de momento, las corrientes migratorias y cuando está bajando la presión por la llegada de nuevos inmigrantes indocumentados.