Legitimidad, corrección y oportunidad

Abocados, como estamos, a formar un nuevo Gobierno vasco, conviene distinguir dos campos de análisis: en primer lugar, el campo de lo que es válido y lícito, dejando para más adelante el de lo correcto y oportuno. El primer campo está definido por el sistema basado en la Constitución y el Estatuto; el segundo, el de lo correcto y oportuno, corresponde a una opinión más bien subjetiva, teñida de ideología o de opción política, campo, por eso, en buena parte, de lo subjetivo.

Desde el punto de vista de lo válido y lo legítimo, las decisiones que se pueden tomar para formar el Gobierno vasco son las que el sistema constitucional -Constitución y Estatuto- permiten. Podrá formar Gobierno quien consiga la mayoría, en principio absoluta, de los votos de los parlamentarios, vengan éstos de un partido, de un pacto entre partidos o del simple apoyo de uno o varios grupos de diputados. Por poner dos ejemplos, ambos de la Comunidad de Galicia: tan válido y lícito fue el Gobierno formado por el Partido Socialista y el BNG, aunque eran segundo y tercero, como lo es hoy el del Partido Popular. Lo que determina la validez y legitimidad no es el ser el primero, sino alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento.

Euskadi ha votado por un cambio de Gobierno y de política que corrija los excesos del nacionalismo

Un Gobierno de Patxi López debería evitar el frentismo antinacionalista

Nadie, si juzga razonablemente desde un sistema democrático, puede poner en duda esta obvia conclusión. Sin embargo, es preciso recordarlo cuando observamos cómo el campo de lo obvio no se separa, sino que se confunde, con los juicios de valor sobre la corrección o la oportunidad políticas. Quien consiga en el Parlamento vasco un mínimo de 38 votos está legitimado para ser lehendakari, incluyan estos votos o no a los del partido que haya sido primero en las elecciones.

Así que, en primer lugar, cualquier decisión sobre el próximo Gobierno vasco debe juzgarse en base a su validez y licitud, y este juicio supone la adecuación a las reglas de la Constitución y del Estatuto. Sólo después, y en otro plano, podrá discutirse sobre su corrección y oportunidad.

Cualquier pretensión sobre quién haya de ser investido como lehendakari, y sobre qué Gobierno pretenda formar, puede ser puesta en cuestión. Y de hecho, la pretensión de Patxi López está siendo cuestionada por el PNV. Con dos tipos de argumentos: el que dice que no procede porque no respeta los derechos del partido con más representación parlamentaria; el que dice que no procede porque supondría formar un frente antinacionalista.

El primer argumento introduce un criterio institucional: debería respetarse la mayoría relativa del partido con mayor número de parlamentarios. El segundo argumento es estrictamente político: debemos oponernos, en Euskadi, a las políticas frentistas.

El argumento de la corrección se formularía así: ¿es correcto ono mantener el criterio de que corresponde formar Gobierno al partido con más parlamentarios? Y más concretamente: un partido que ha quedado segundo, pero que puede alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento contando con el voto de otras fuerzas, ¿es correcto o no que forme Gobierno, dejando en la oposición al partido más votado?

Primera respuesta: vale, como juicio de corrección, discutir la tesis de que el partido más votado es el que debe gobernar. Pero este juicio de corrección debe ceder ante los límites que marcan la validez y la legitimidad.

Esto supone que, frente a quienes defienden que es correcto que el partido con más parlamentarios sea el que forme el Gobierno, puede oponerse la tesis que defienda el mejor derecho, y la mayor corrección, de una agrupación lograda con votos de otros partidos. Y estas aspiraciones enfrentadas no pueden resolverse más que apelando, no al derecho del partido que haya quedado primero, ni al del voto conjunto de otros, sino al de los que logren la mayoría absoluta. Pues la mayor corrección debe reconocerse, al final, a quien haya conseguido un resultado válido y legítimo.

El PNV ha confundido los planos de la legitimidad con los de la, por otra parte, discutible corrección. Esto ha sucedido cuando ha calificado la aspiración a formar un Gobierno no nacionalista como "golpe institucional". Porque la legitimidad está definida exclusivamente por el sistema constitucional-estatutario. No cabe crear, fuera de él, otro mundo institucional que se sostuviera en una especie de precedentes jurídicos o de hábitos políticos convertidos en derecho.

Segunda respuesta: aunque el PNV pudiera esgrimir su particular juicio sobre lo que es un comportamiento correcto, difícilmente puede mantener hoy la coherencia de un argumento que va contra lo que ha impuesto él mismo en un precedente tan significativo como el de la formación del Gobierno en 1987, momento en el que se negó a reconocer como lehendakari al candidato del partido socialista, pese a que éste tuvo entonces la mayoría relativa de parlamentarios, e impuso la presidencia de Ardanza. (La argumentación entonces de que la mayoría del Parlamento era nacionalista podría volverse en su contra hoy, cuando la mayoría no lo es). Tampoco es coherente mantener ahora un criterio sobre la corrección en la designación del lehendakari cuando no lo ha mantenido en diputaciones y municipios.

La tercera objeción del PNV es que pretender esa investidura supondría optar por una política frentista, perjudicial para Euskadi. Pero la opción por Patxi López como lehendakari es la respuesta al frentismo nacionalista padecido durante tantos años; más que la constitución de un frente antinacionalista, supone la posibilidad de mantener, precisamente ahora, una política contra el frentismo.

Tras 30 años de dominio del PNV es muy difícil defender la tesis de que este partido no ha desarrollado una política frentista. Basta con referirnos a los últimos años: los del Pacto de Lizarra, que se abrió incluso a ETA, y los de los planes de Ibarretxe, modelos, para los no nacionalistas, de fundamentalismo identitario y, para los nacionalistas, de ocupación de las claves de la autonomía vasca.

Es imposible que modelos de comportamiento tan graves como los del lehendakari Ibarretxe, o tan insolidarios con el constitucional Estado de las autonomías (máximo ejemplo el del consejero Azkarraga, de EA, justamente castigado por las urnas), sean percibidos por los ciudadanos no nacionalistas de otro modo que como una constante agresión del frente nacionalista. Vamos, que Guillermo Tell éramos nosotros y no los que nos han estado agrediendo.

Es cierto que, en la campaña electoral, el PNV ha presentado otra imagen. Pero otra imagen de campaña electoral, precisamente con todo lo que tiene de retórica oportunista, no le absuelve de la política practicada durante su última y anteriores legislaturas. Enhorabuena por la moderación en esa campaña, pero ya es tarde, tras tantos años de frentismo. Campaña que, además, ha mantenido, y mantiene, al mismo lehendakari, máximo responsable de esa política frentista y anticonstitucional.

Una vez afirmada la validez, la legitimidad y la oportunidad de un cambio de Gobierno, si éste se produce, debe haber también cambio de política. Y si hay un cambio de política aprobado por las urnas, éste debe suponer la denuncia del frentismo nacionalista que se nos ha ido imponiendo y la rectificación de sus excesos.

Para eso nos convocan a gobernar. Pero hemos de tener cuidado de evitar el frentismo antinacionalista. Distinguir entre la rectificación del exceso del frentismo nacionalista y el ejercicio de un frentismo antinacionalista exige dos grados en la virtud de la prudencia política: uno, el que hay que ejercer para distinguir la política deseable para conseguir lo que entendemos justo; otro, el que hay que ejercer para distinguir entre lo deseable y lo que, razonablemente, teniendo en cuenta las consecuencias de nuestros actos, podemos modificar ahora.

La prudencia, o guía del buen gobernante, nos inspire para saber distinguir entre lo deseable y lo racionalmente posible.

José Ramón Recalde fue consejero socialista del Gobierno vasco.