Gritos y susurros

Como viene siendo descortés costumbre desde hace cinco años, el presidente del Gobierno fue convertido durante el desfile del 12 de octubre en el blanco de los abucheos procedentes de un sector del público cercano a las tribunas oficiales. El desafinado concierto ni siquiera se tomó un merecido descanso cuando el Rey rindió homenaje a los soldados muertos en misiones internacionales. Cabe suponer que esas protestas supuestamente espontáneas procedían de grupos de ultraderecha. Es evidente, por lo demás, que la libertad de expresión ampara las variantes castizas españolas del Tea Party si no colisionan con otros derechos fundamentales. Los propios damnificados suelen aceptar que ese coste va incluido en el sueldo.

¿Ampara la libertad de expresión los abucheos al presidente producidos en el desfile del 12 de octubre?

Pero los invitados a las tribunas oficiales como representantes del Estado no pueden invocar esa cláusula protectora. La presidenta de Madrid alega, sin embargo, que la libertad de expresión amparaba a su consejero de Transportes cuando lanzó desde su asiento un hiriente sarcasmo contra el presidente de Cantabria en tono lo suficientemente alto como para que lo escuchara Aurora Díaz, esposa de Miguel Ángel Revilla. Sin duda, John Stuart Mill se revolvería en la tumba al oír la frívola concepción del liberalismo que profesa la lideresa para golpear la cabeza de sus adversarios.

Las decisiones prácticas tomadas por Aguirre suelen contradecir sus proclamas teóricas. La frustrada tentativa de colocar al frente de Caja Madrid a su devoto vicepresidente González es el último ejemplo de su rampante intervencionismo económico. La inquisitorial campaña desatada contra las clínicas abortistas legales muestra su desprecio por el derecho a decidir de las mujeres. La feroz persecución del doctor Montes y de su equipo del Hospital de Leganés, calumniosamente acusados de perpetrar 400 asesinatos, ha paralizado la provisión de cuidados paliativos a los agonizantes. Los recursos contra la asignatura Educación para la Ciudadanía son un guiño a la Iglesia tridentina. La corrupción en varios municipios de la región ha sacado a la luz los vínculos entre la Administración pública y los intereses partidistas.

La libertad de expresión también figura en ese inventario. La política de comunicación de Aguirre se ha caracterizado por repartir como despojos las concesiones regionales de radio y televisión autonómicas a sus amiguetes. La ruinosa televisión regional sufragada con dinero público y altamente deficitaria es un sectario instrumento de propaganda partidista y un escenario para que la presidenta cope la pantalla con inauguraciones, verbenas y demás festejos montados por la trama Gürtel. Finalmente, un reciente libro de José Antonio Zarzalejos (La destitución, Península, 2010) describe "el carácter interventor e impositivo" y "las potencialidades políticas un tanto depredadoras" de Esperanza Aguirre dentro del contexto de su decisiva contribución al humillante despido del ex director de Abc en febrero de 2008 a causa de su apoyo a Rajoy y a Ruiz Gallardón.