Gestión de la crisis

Dos de las medidas económicas más relevantes del Gobierno para combatir los efectos de la crisis financiera y mitigar el terrible efecto de la recesión económica sobre el empleo fueron refrendadas ayer en medio de una esperada, aunque en muchos aspectos desenfocada, polémica política. El Congreso aprobó el real decreto que permite la inyección de 11.000 millones de euros a los ayuntamientos, destinados a financiar proyectos de infraestructuras e I+D con el loable objetivo de crear 300.000 empleos; y el Tesoro adquirió activos por un importe de 7.200 millones de euros, el 91% de la adjudicación prevista, durante la segunda subasta de liquidez del Fondo de Adquisición de Activos Financieros. Dado que este mecanismo se puso en marcha para evitar el estrangulamiento del crédito que fluye desde los bancos a las empresas, parece que la subasta constituye un moderado éxito.

El PP no ha ahorrado críticas estériles al plan de inversión municipal; pero se abstuvo durante la votación del pleno, quizá porque los ayuntamientos que controla son fervientes partidarios de recibir la inyección inversora. Pese a los aspavientos de Rajoy, Montoro o Aguirre, el plan es racional y bien encaminado. Porque si la destrucción de empleo se centra en la construcción, los nuevos puestos de trabajo que quieran crearse deberán proceder de las actividades que pongan en marcha los ayuntamientos. Más útil que hacer sarcasmos en el vacío, la oposición debería centrarse en exigir que la gestión del plan sea cuidadosa y que el Gobierno exija de los municipios una memoria de cumplimiento de los objetivos de inversión y su rentabilidad en términos de empleo.

Lo mismo cabe decir del esfuerzo de liquidez puesto en pie por el Gobierno para acabar con la sequía crediticia. No basta con que las subastas tengan éxito o que se concedan los avales; el crédito tiene que fluir efectivamente hacia las empresas. La tarea principal y más urgente hoy es garantizar que las empresas solventes no mueren por falta de circulante. No basta con idear sofisticados artilugios financieros o comprometer recursos; hay que gestionarlos. La pregunta que habrá que responder en caso de que las entidades financieras no normalicen el flujo del crédito es si el sector público no debería cubrir directamente con sus recursos las tareas que bancos y cajas no pueden o no quieren cumplir, a pesar de disponer de liquidez para ello.