Garoña como dilema

La inminencia de la decisión del Gobierno sobre el futuro de la central de Garoña ha reavivado la siempre abierta discusión sobre la energía nuclear, a lo que han venido a sumarse las declaraciones públicas sobre el asunto del presidente del Gobierno. Dice Rodríguez Zapatero que "procurará mantener el compromiso electoral" que le exige cerrar centrales nucleares a medida que cumplan su periodo de vida útil. El miércoles reiteró a instancias de ICV que el Gobierno sería coherente con sus compromisos programáticos. El permiso de actividad de Garoña expira el 5 de julio y cuenta con un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con condiciones de mejora de la seguridad, para que siga abierta durante 10 años más.

No es exacto del todo que el programa electoral socialista exija tajantemente cerrar Garoña. La vida útil de una nuclear es cosa bien distinta de su vida útil de diseño, que en este caso es de 40 años. La vida útil efectiva depende del grado de renovación de las instalaciones, inversiones en seguridad y sustitución de componentes que se hayan aplicado en una planta. Por tanto, es el CSN en primera instancia y después el Gobierno quienes determinan de cuántos años es esa vida útil. El Gobierno se aferraría, pues, a la definición estricta de vida útil si decide cerrar Garoña con el argumento, que tampoco cabe despreciar en una sociedad democrática, de que los representantes políticos "deben cumplir con la palabra dada".

Zapatero y una parte del PSOE apuestan de forma muy decidida por las energías renovables, a veces más allá de los límites que estas tecnologías conllevan. Sin embargo, tiene el presidente buenas razones para respetar la producción nuclear. Es más barata y, a diferencia de la eólica, se gestiona fácilmente en el sistema. Si el Gobierno considera que, por distorsión de la tarifa, sus beneficios recaen exclusivamente en las empresas, puede retirar parte de los ingresos para otros proyectos, como seguridad o investigación en renovables.

El presidente sabe que su credibilidad va a ser juzgada por una decisión controvertida que va más allá de simplemente leer y validar el informe del CSN. Con casi toda la oposición en contra, su propio partido dividido sobre la cuestión y los alcaldes de la zona en abierta rebelión contra el cierre, es evidente que Rodríguez Zapatero se enfrenta a un dilema complicado.