Frente al terror

Gobierno y oposición están obligados a dar una respuesta unitaria, sin fisuras y contundente al nuevo intento de ETA de condicionar la vida política española, incluidas las elecciones, mediante la administración selectiva del terror. El comunicado por el que la banda daba ayer por finalizada la tregua de marzo de 2006 (falazmente calificada de permanente) es un desafío intolerable a la ciudadanía y, en particular, a sus representantes políticos. No es momento de rencillas. Sólo la unidad de todos los partidos en torno al Gobierno, máximo responsable de la lucha antiterrorista, puede hacer frente a la voluntad de la banda de destrozar, una vez más, cualquier esperanza de paz. Así lo reclamó el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en su declaración institucional.

Por ello, resultaron especialmente negativas y desalentadoras las palabras del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, que sólo supo expresar reproches y exigencias de rectificación. Los ciudadanos habrían agradecido del jefe de la oposición una palabra de respaldo a quien gobierna, una sola, en un momento tan desgraciado para todos. Zapatero tenía todo el derecho del mundo a intentar la paz. Recibió el mandato del Parlamento para ello, pero Rajoy no quiso apoyarle. Ni entonces, ni ayer, en una actitud lamentable. Las dudas de muchos ciudadanos honestos están justificadas. Entre la paz y la vuelta al poder, ¿a qué daría prioridad el líder de los conservadores españoles?; ¿mantendrá ahora Rajoy su reiterada acusación de que Zapatero se ha rendido ante la organización terrorista? Zapatero depositó buena parte de su capital político en el diálogo con ETA para intentar lograr la paz. Sin embargo, la banda, con la ruptura del alto el fuego, no sólo machaca las aspiraciones legítimas de un presidente del Gobierno, sino también los anhelos de miles de ciudadanos cansados de la violencia, hartos del terror.

Tras la ruptura, Zapatero y sus colaboradores deben mirar adelante, trabajar los consensos necesarios con todas las fuerzas políticas y trasladar a la ciudadanía que en La Moncloa hay iniciativa, caudal político y energía suficientes para hacer frente sin dudas al nuevo desafío de los asesinos. Para ello, nada mejor que la actuación firme y decidida de los instrumentos de que dispone el Ejecutivo: los fiscales y las fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado, quienes, con la fortaleza de la ley, deben actuar con todo el rigor necesario. No es mirando hacia atrás, a los posibles errores cometidos o a las buenas voluntades insatisfechas, como los poderes públicos podrán hacer frente a lo que se avecina. No es descartable que ETA se lance a una fase de atentados continuados, preferentemente contra políticos y cargos electos, como la que siguió al fin de la tregua de 1998-1999. A juzgar por el estilo agresivo del comunicado con el que anunció el fin del alto el fuego (llama fascista a Zapatero y dice que lo único que mueve al PNV es su "hambre de dinero") y por su referencia a que reabre "todos los frentes" (ni tregua en Cataluña, ni indulto de cargos electos), cabe esperar lo peor.

La banda ha elegido para oficializar su ruptura un momento situado inmediatamente después de las elecciones municipales y a menos de un año para las legislativas. No ha desdeñado la posibilidad de colocar a unos cientos de fieles en los ayuntamientos, pero ni siquiera ha esperado a que se constituyan las nuevas corporaciones municipales. Porque lo prioritario para los terroristas es tratar de demostrar que con la lucha armada y el terror se pueden alcanzar objetivos imposibles sin ella: desde modificar una autovía a la creación de una autonomía vasco-navarra con derecho de autodeterminación.

En su comparecencia, Otegi admitió que la responsabilidad de la ruptura de la tregua correspondía a ETA, pero añadió que los culpables del "colapso" del proceso habían sido el Gobierno y el PNV. El portavoz habitual de la formación ilegalizada sigue prestándose a avalar las razones de la banda para no retirarse. Es un sarcasmo hablar de falta de igualdad de condiciones democráticas cuando su partido se ha negado a condenar la coacción terrorista. Viene a completarlo la descalificación por el comunicado etarra de las elecciones del 27-M como "antidemocráticas".

Para desactivar ese intento de condicionar la vida política es condición necesaria la recomposición de la unidad democrática. Ello pasa por el compromiso de la oposición de no utilizar los eventuales atentados de ETA como arma de confrontación. Al Gobierno corresponde tejer las complicidades necesarias para alcanzar un nuevo Pacto Antiterrorista abierto a todas las fuerzas democráticas. Sólo desde la convicción de que unidos somos más fuertes podemos recorrer el duro camino que se abre ante nosotros.

Ahora, tras la ruptura de la tregua, el único programa antiterrorista es el de la eficacia policial, la utilización de todos los medios del Estado de derecho y la movilización ciudadana. Y en el País Vasco en especial, es el momento de una reacción cívica contra ETA.