Faisán

Si el proceso de paz intentado por el Gobierno en 2006 hubiera tenido éxito, es más que probable que nadie hubiera pedido explicaciones sobre aspectos poco claros del mismo; por ejemplo, sobre el chivatazo que alertó a José María Elosua, propietario del bar Faisán, que formaba parte de la trama de cobro de la extorsión etarra, de una operación policial inminente contra esa trama.

Pero el proceso fracasó y la investigación judicial abierta ha conducido a la imputación de tres miembros de la policía, incluyendo a quien fuera su director general, Víctor García Hidalgo, como presuntos responsables del soplo. Y el juez del caso ha llamado a declarar a las personas particulares que actuaron como interlocutores en nombre del Gobierno en las conversaciones con ETA. Está por ver el sentido y el objetivo de esa iniciativa judicial, pero resulta más que inquietante que el motivo de la misma sean unos papeles incluidos en la parte del sumario secreta hasta ayer, que se presentan como actas de esas conversaciones, autorizadas por el Parlamento.

El Partido Popular lleva meses interpelando en el Congreso sobre la supuesta implicación en el caso de quien era ministro del Interior (recién nombrado) en aquella fecha, y es ahora además vicepresidente del Gobierno. Ayer, tras las últimas revelaciones del caso, portavoces de ese partido pidieron la dimisión de Rubalcaba con el argumento de que una decisión como la investigada no podía haberse tomado sin su conocimiento. Eso es una hipótesis, no una evidencia. Pero al PP le basta para volver a situar la política antiterrorista en el centro del debate político.

Precisamente en el aspecto político, conviene de entrada acotar el alcance de lo investigado. Lo que se produjo fue el aplazamiento, no la suspensión, de las detenciones previstas, que se produjeron de todas formas mes y medio después; es lógico pensar que el soplo, de cuya existencia no hay duda, tuvo como motivación ayudar, o no entorpecer, la negociación. Entre las personas a detener figuraba un exdirigente histórico del PNV, cuya implicación en el proceso de paz se consideraba decisiva, especialmente ante las amenazas por parte de la banda de romper el alto el fuego si no se cumplían ciertas condiciones que consideraban pactadas. Aplazar las detenciones con el aviso a Elosua fue la errónea decisión tomada por alguien para evitar esa ruptura.

Ese contexto no resta gravedad al hecho, pero ayuda a entender sus causas. Hablar de colaboración con banda armada, o incluso del mayor atentado contra la democracia desde el 23-F, como se ha llegado a decir, es una desmesura sin sentido. Según esas actas de ETA, los interlocutores gubernamentales habrían exhibido el chivatazo como prueba de su buena disposición en el curso de conversaciones con la banda producidas poco después. Ahora puede resultar penoso, y más cuando va unido al reconocimiento de que sabían que ETA seguía extorsionando, en contra de lo declarado oficialmente. Y era seguramente una mala estrategia porque nada refuerza tanto a los terroristas como escuchar al Gobierno decir aquello que ellos saben que es falso.

Pero los errores en la negociación no convierten en delincuentes a los interlocutores enviados por el Gobierno. Seguramente pensaron que ese tono de confidencialidad, medias verdades y medias mentiras, favorecería la continuidad de la tregua, que era a la altura de junio de 2006 su objetivo más urgente. También Aznar halagó a ETA denominándola Movimiento de Liberación Nacional cuando exploraba la posibilidad de una retirada pactada de la banda. Que los jueces investiguen lo que deban, pero que no conviertan en materia penal los errores políticos que pudieron cometer personas que intentaban lo mismo que Aznar y con la expresa autorización del Parlamento.