Explosión controlada

Luis Bárcenas ha presentado su dimisión como tesorero del Partido Popular. Mantiene, sin embargo, su acta como senador por Cantabria. Con este gesto, Mariano Rajoy empieza, al fin, a depurar responsabilidades por la implicación de algunos altos cargos de su partido en la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa. Se trata, con todo, de un gesto limitado, y no sólo por el hecho de que Bárcenas abandone su puesto de manera supuestamente transitoria, según se hace constar en los comunicados emitidos por el PP y el propio interesado; es limitado porque de los dos cargos que ostenta Bárcenas, uno orgánico y otro institucional, sólo deja el que podría afectar a la honorabilidad de su partido y no el que la compromete respecto a su representación en el Senado. Si la dirección nacional del PP estuviera convencida de la absoluta inocencia de Bárcenas tendría que haber actuado al revés: mantenerlo en su puesto orgánico y exigir el abandono del cargo de senador. Detrás de esta decisión asoma de nuevo, en consecuencia, una utilización de las instituciones como parapeto contra la acción de los tribunales.

Las diversas instancias judiciales por las que ha transitado la instrucción del caso Gürtel, desde la Audiencia Nacional hasta el Tribunal Supremo, pasando por el Tribunal Superior de Madrid, han considerado que los indicios contra Bárcenas eran suficientes para imputarlo y, por tanto, la asunción de responsabilidades políticas era inevitable. La única incógnita es por qué el PP ha escogido este momento. Y, sobre todo, por qué lo ha escogido con la improvisación que ayer quedó de manifiesto en la sede de la calle de Génova: mientras la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, seguía defendiendo la continuidad de Bárcenas como senador y tesorero, éste trataba con Rajoy los términos de su dimisión. Una explicación política podría ser tal vez que los dirigentes del PP han visto en la ventaja electoral concedida por el último barómetro del CIS al PP sobre el PSOE una oportunidad para neutralizar los efectos negativos del abandono de Bárcenas y reforzar el liderazgo de Rajoy. La explicación judicial tendría que ver, en cambio, con la posibilidad de que sea inminente la tramitación del suplicatorio para procesar a Bárcenas, tras la deferencia del Tribunal Supremo al permitirle declarar bajo la insólita figura de "imputado provisional".

La explosión controlada que hay implícita en la dimisión de Bárcenas resuelve una parte de los problemas judiciales a los que se enfrenta el PP, pero a costa de acentuar otros. El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tiene a partir de ahora menos argumentos para no asumir responsabilidades políticas por la causa que tiene pendiente en el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad. Y la dirección nacional del PP, por su parte, subraya el doble rasero con el que está abordando la situación judicial de sus distintos dirigentes. Al margen de que debería rendir cuentas por haber intentado desacreditar a jueces, fiscales y medios de comunicación para desviar la atención y transferir las responsabilidades de unos hechos que, finalmente, han llevado a la dimisión del tesorero del partido.

Aunque la dimisión se presente como transitoria, Rajoy ha ampliado su margen de actuación en el tratamiento político del caso Gürtel. Pero son muchos, y muy graves, los asuntos que quedan pendientes, sin contar con los que se van a añadir en los próximos días, vista la solidez de las pruebas que pesan sobre el Gobierno de Esperanza Aguirre por el espionaje político. Sería un error que el presidente del PP empleara ese margen para buscar la impunidad de los encausados, en lugar de hacerlo para desterrar la sombra de la corrupción que se cierne sobre su partido.