España, Marruecos y el Sáhara

La reacción de Marruecos ante la condena del Congreso de los Diputados de los sucesos acaecidos recientemente en El Aaiún es una muestra del enésimo desencuentro entre el Gobierno español y el Gobierno marroquí, siempre con el conflicto del Sáhara Occidental de trasfondo y la utilización de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como medida de presión para crear una tensión permanente.

El Gobierno español apuesta por una relación estratégica con su vecino del sur, quiere reconducir los problemas de forma sensata y mantener la interlocución sobre asuntos de interés común, pero la gravedad de la situación del Sáhara Occidental y la presión de los medios de comunicación y la sociedad civil obligan al Gobierno a cambiar su política y exigir con más argumentos la defensa de los derechos humanos.

El reconocimiento de esta realidad debe basarse en el intento de buscar una solución democrática mediante un diálogo franco que le permita a Marruecos entender la complejidad del conflicto saharaui desde una perspectiva real que convierta a España en ese interlocutor válido que necesitan las partes para llegar a un acuerdo definitivo y respetuoso con el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

España tiene la capacidad desde la Unión Europa y el grupo de amigos del Sáhara a nivel de Naciones Unidas, de desempeñar ese papel que le reclama la historia y la opinión pública, que entienden las raíces de este conflicto y las razones que lo han originado.

La estrategia de una relación de vecindad depende de la capacidad con que podamos gestionar los problemas y los desafíos que nos unen sin renunciar a los valores democráticos que defendemos dentro y fuera de nuestras fronteras.