Despropósitos en cadena

Como en otras ocasiones, el PP está reaccionando frente a los escándalos de corrupción que le afectan dando rienda suelta al delirio persecutorio: buscando fuera razones que expliquen lo que pasa dentro. Es como si temiera que sus buenas expectativas electorales pudieran verse anuladas por el descrédito asociado al caso Gürtel y sus derivaciones. Pero esta vez ha ido demasiado lejos en su búsqueda de culpables.

Sorprendió que fuera su secretaria general, Dolores de Cospedal, otras veces moderada, quien se colocara al borde del abismo al lanzar la acusación de que el Gobierno se dedicaba más a perseguir a la oposición que a ETA; pero un día después avanzó un paso más al decir que España se había convertido en un "Estado policial" en el que se pinchan teléfonos de dirigentes del PP y se utiliza a la fiscalía, la policía judicial y el servicio secreto (el CNI) contra la oposición. Dijo que todo eso le constaba, no que temiera o sospechara: se trata de una acusación gravísima que requeriría algo más que afirmarlo. Denunciarlo en el juzgado, como le han respondido los socialistas, o presentar pruebas ante la opinión pública.

No es que sea inimaginable que se pinchen teléfonos y se espíe a políticos. Ocurrió a mediados de los años ochenta y ha vuelto a ocurrir hace poco en la Comunidad de Madrid. Pero, al igual que la referencia a ETA, no es una acusación que pueda lanzarse a la ligera. De momento, su efecto ha sido irritar a jueces, policías y fiscales, cuyas organizaciones también piden pruebas o rectificación; y envenenar aún más las relaciones entre el PP y el PSOE.

El boicoteo de los populares valencianos a la elección de la socialista Leire Pajín como senadora autonómica (para cubrir la vacante dejada por un europarlamentario elegido el 7-J) ilustra esta penosa situación. Podría ser lógico que el Parlamento valenciano examinara los méritos de los candidatos antes de votarlos, dado que su Estatuto no exige el requisito de ser parlamentario para la elección como senador autonómico; pero la pretensión del PP de que Pajín deba demostrar su compromiso con los "intereses y las señas de identidad" valencianas, y hasta su posición respecto al trasvase del Ebro, es ridícula. Y más con el recuerdo de la designación, hace dos años, sin examen alguno, de alguien cuyo único mérito conocido era el de ser hija del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, investigado por presunta corrupción.

La respuesta de José Blanco, amenazando con bloquear las negociaciones para la renovación de instituciones como la Comisión de la Energía o la de las Comunicaciones, no ayuda a resolver el problema. Zapatero, en un tono muy comedido, pidió ayer responsabilidad al primer partido de la oposición. Dijo que no había querido llamar a Rajoy por no interrumpirle las vacaciones. Llame o no Zapatero, el líder popular debe poner fin a esta cadena de despropósitos y evitar el descrédito de las instituciones y la política.