Desorden eléctrico

La tímida liberalización del mercado eléctrico que prepara el Ministerio de Industria tiene muchas probabilidades de convertirse en un nuevo foco de desorden. A través de un real decreto aprobado en abril, el Gobierno plantea mantener una tarifa eléctrica similar a la actual, llamada Tarifa de Último Recurso (TUR), para casi 25 millones de usuarios que tienen contratados menos de 10 kilovatios, quienes, si lo desean, podrán cambiar de comercializadora eléctrica, y obligar a los contratos de más de 10 kilovatios a negociar el suministro en el mercado libre, con la amenaza de que, si no lo hacen, sufrirán un recargo trimestral del 5% sobre la tarifa hasta abril de 2010. En resumen, el grueso de los consumidores seguirá como hasta ahora, mientras que casi un millón de pymes tendrán que buscar deprisa y corriendo un comercializador si no quieren que su factura eléctrica se encarezca en un 15% durante el próximo año.

La liberalización es paupérrima. A partir del 1 de julio no va a aumentar la competencia para captar clientes porque aunque a los consumidores nada les impedirá cambiar de comercializadora, tampoco nada les empujará a ello; y las comercializadoras independientes -apenas dos sobre 10- carecen de margen para competir en precios. El desconcierto que provoca el decreto surge de la escasa información sobre el cambio de normas. A pesar de que se sabía desde el año pasado que el 1 de julio de 2009 se aplicarán las nuevas normas, los consumidores eléctricos concernidos que tienen contratados más de 10 kilovatios han sido poco y mal informados. Casi toda la información se va a difundir prácticamente durante el mes de junio y todavía no se conocen aspectos básicos de la regulación, como cuál será la famosa TUR.

El desorden se agravará con otra decisión discutiblemente concebida. El Gobierno se ha propuesto beneficiar a los clientes de menos ingresos con un bono social eléctrico que equivale a no subir la electricidad a los beneficiarios hasta 2012. En primer lugar, los precios de los bienes y servicios no son el mejor instrumento para ejecutar políticas de renta; para eso están los impuestos y las subvenciones. En este caso, se trata de una gestión enrevesada y sujeta a errores o abusos. Las empresas van a tener que discriminar entre los peticionarios del bono eléctrico convirtiendo sus oficinas en un examen de la renta del cliente, de su condición o no de parado o pensionista. Lo más probable es que el bono se convierta en un instrumento irregular de competencia para captar clientes con independencia de su renta.

Las dos propuestas bastan para confirmar que el Gobierno carece de una política energética coherente. Ni parece tener ideas para liberalizar el mercado ni entender el valor de los precios como instrumento de ahorro y orientación de la demanda. Además, hay demasiada confusión. Ya fue un lío con la tarificación mensual del recibo de la luz y ahora es muy probable que se emborronen las tarifas con un alud de peticiones de subsidio.