Dependencia en crisis

El desarrollo de la Ley de Dependencia (cuidado generalizado de los mayores con discapacidades) se ha cruzado con una crisis económica profunda que ha dejado sin empleo al 20% de la población activa y ha vaciado las arcas del Estado.

La ley, que fue discutida y aprobada en plena bonanza económica hace cuatro años, genera un nuevo derecho que, por inédito, no tendría el carácter irrenunciable de los otros tres pilares del Estado de bienestar: la educación, la sanidad y las pensiones. Sin embargo, renunciar al desarrollo de la ley o frenarla a medio camino no debería ser una opción, y menos una decisión unilateral de algunas autonomías. Precisamente porque en su esencia está el convertir un hueco evidente del mercado laboral como es el de asistencia a los mayores y otras personas dependientes en un foco de creación de empleos.

En contra de ese criterio, sin embargo, ya se han levantado algunas voces reclamando una revisión de los planes y algunas comunidades autónomas (en cuyas manos está la gestión de la ley y el 50% de su financiación) están frenando su puesta en marcha por la vía de los hechos. Entre ellas, varias gobernadas por el PP (Murcia, Valencia, Madrid), pero también presididas por partidos nacionalistas (Canarias) o el PSOE (Baleares).

Es evidente que seguir adelante con la Ley de Dependencia genera a corto plazo una ecuación difícil de resolver, salvo que se aumenten inmediatamente los ingresos por la vía de los impuestos o por el ahorro en el gasto. En este sentido, el pacto sanitario para racionalizar el gasto y un plan de ajuste más ambicioso que el aprobado el viernes por el Gobierno serían los caminos a seguir. En tiempos de crisis no se entendería que los poderes públicos acometieran recortes desprotegiendo a los que más lo necesitan y arrebatándoles una ayuda que, por otra parte, no supone un desembolso insuperable. Sólo la recaudación del impuesto de patrimonio, que el Ejecutivo suprimió, sería suficiente para afrontar la factura a medio plazo.

El hecho de que 500.000 dependientes hayan logrado ya el apoyo estatal es un gran paso adelante. No es, sin embargo, un pequeño pago destinado a los familiares-cuidadores de los ancianos lo que resuelve el problema y nos acerca a los sistemas sociales de nuestros socios europeos. También aquí, la crisis y las carencias históricas de nuestros servicios sociales están desvirtuando el objetivo fundamental de la ley. España necesita más plazas de residencias asistidas, hacer nuevas inversiones para conseguir una red asistencial adecuada y más cuidadores profesionales que verdaderamente liberen de su carga a los familiares. Sólo así se podrá ir perfeccionando el sistema y se logrará que la ley produzca el empleo previsto (ahora supone la tercera parte de esos 262.000 nuevos puestos de trabajo que se esperaban) y el consecuente retorno económico a las arcas estatales.