Cuentas oscuras

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 quedó ayer reducida a una sumaria enumeración de modificaciones tributarias que, en conjunto, suponen un brusco cambio de rumbo fiscal después de casi tres lustros de continuas rebajas de impuestos. Al término del Consejo de Ministros que aprobó el borrador de Presupuestos, la vicepresidenta Salgado explicó cómo será la subida de impuestos: el tipo general del IVA aumentará dos puntos (a partir de julio de 2010) y la imposición sobre las rentas del ahorro se elevará desde el 18% al 19% para los primeros 6.000 euros de ganancias y el resto tributará al 21%; el impuesto de sociedades bajará cinco para las pequeñas y medianas empresas. El impacto calculado de las subidas es un aumento de los ingresos del Estado de 10.000 millones de euros.

Pero lo que no explicó con claridad la vicepresidenta es por qué se suben los impuestos, para qué se suben y, sobre todo, cuál será el impacto de ese viraje fiscal en la actividad económica española. No es un argumento aceptable relacionar la subida del IVA y de la tributación del capital con un mayor compromiso de gasto social, porque los costes de la crisis -más gasto de cobertura de desempleo- pueden financiarse a través de los mecanismos de deuda. El aumento esperado de recaudación tampoco es suficiente para tapar la enorme brecha del déficit, que este año llegará probablemente al 10% del PIB. Por lo tanto, los contribuyentes tendrán que pagar más sin conocer con exactitud los motivos. Si el Gobierno teme dificultades de endeudamiento a corto o medio plazo debería decirlo; pero ayer, desgraciadamente, no lo hizo.

Es evidente que el Ejecutivo no considera necesario defender sus decisiones, por más arbitrarias que parezcan. En un periodo de profunda recesión resulta discutible subir impuestos. No parece la mejor manera de estimular la economía. Pero puede aceptarse si media un cálculo detallado de cuál es su impacto sobre la actividad económica y resulta que las ventajas son superiores a los inconvenientes. Pero también en este caso la respuesta es el silencio. Mientras estas explicaciones no se rindan, los ciudadanos tienen derecho a considerar la subida de impuestos como arbitraria e irreflexiva.

Resulta difícil de creer que el Presupuesto para 2010 reduzca el déficit público desde aproximadamente el 10% del PIB de 2009 hasta el 5,4% del PIB. Ni siquiera recaudando 10.000 millones más y suponiendo que la tasa de desempleo no superará el 19% es razonable pensar en una reducción superior al punto o punto y medio. Las directrices presupuestarias tampoco inspiran demasiada confianza. La vicepresidenta insistió en la prioridad del gasto social y de la inversión productiva. Ya se verá lo que dicen las partidas concretas cuando se hagan públicas; en particular las que reflejan la inversión en I+D. Por el momento, llama la atención la insistencia del Gobierno en confundir las medidas encaminadas a proteger a los damnificados por la crisis y las que nos ayudarían a salir con bien de la recesión. No son las mismas. Y de esa confusión nace la cadena decepcionante de errores en la gestión de esta crisis.