Contrato único, estructura productiva y paro

El pasado 5 de noviembre, Luis Martínez Noval (exministro de Trabajo) criticaba en la tribuna Contrato único y paro las conclusiones de un reciente trabajo de investigación en el que estudiamos si una menor segmentación contractual en nuestro mercado laboral habría ayudado a evitar parte del desmedido aumento de la tasa de paro durante la crisis. Vaya por delante que, como investigadores, estamos siempre abiertos a la crítica, si está bien fundamentada. Pensamos que este no es el caso.

Conviene repasar brevemente nuestro argumento sobre la necesidad de eliminar la dualidad del actual sistema de contratación laboral. Esta se explica por la gran brecha de indemnizaciones por despido entre indefinidos y temporales, responsable tanto de la fuerte creación de empleo temporal en las expansiones como de su masiva destrucción en las recesiones. Ha ocurrido ahora y ocurrió en 1994, con una tasa de paro similar a la actual (22%). Entonces, pese a la gran creación de empleo posterior, tardamos 13 años en converger a la media europea (8% en 2007). No existe ningún otro país europeo con un mercado laboral tan bulímico. Debido a dicha brecha, la tasa media de conversión de temporales en indefinidos es muy baja, alrededor del 5%, con independencia del rendimiento del trabajador temporal. El resultado es una exagerada e ineficiente rotación entre empleo y desempleo, que redunda en una tasa de paro media muy alta y volátil, baja productividad, escasa movilidad geográfica y la imposibilidad de un horizonte de carrera profesional para los jóvenes.

El exceso de trabajo no cualificado y el aumento de la temporalidad elevan el paro

Tras el fracaso de las reformas a dos velocidades implementadas desde 1984, la introducción del contrato indefinido único parece inaplazable. Las indemnizaciones de dicho contrato deberían crecer lentamente con la antigüedad (por ejemplo, de 8 a 12 días de salario al principio hasta un máximo de 33 a 36, con aumentos anuales de 2 o 3 días). La razón es que la diferencia entre el coste social del despido (capital humano específico perdido, prestaciones por desempleo sufragadas por los cotizantes, etcétera) y el privado aumenta con la antigüedad del trabajador despedido. Con este perfil, el coste adicional para la empresa de prorrogar los contratos se reduciría radicalmente, mientras que la indemnización media por despido percibida por el trabajador seguramente aumentaría pues, pese a recibir una menor cuantía anual que la actual del despido improcedente, la duración de su contrato crecería más que proporcionalmente. Dicho contrato sería además compatible con una mínima gama de contratos temporales (por ejemplo, por sustitución en bajas por maternidad o enfermedad) y con el recurso legal frente al despido discriminatorio.

Pasemos ahora a rebatir las críticas de Martínez Noval. Nuestra investigación analiza cuánto habría aumentado la tasa de paro en España durante la Gran Recesión de haber tenido la brecha de costes de despido de Francia. Allí la tasa de paro también era del 8% en 2007 y sus instituciones laborales son parecidas a las nuestras, incluyendo el coste medio del despido, pero su brecha es la mitad de la nuestra. Martínez Noval afirma que ese efecto habría sido escaso pues, en su opinión, el gran responsable de nuestra hecatombe es el desplome del sector inmobiliario. España tiene un recurso natural (sol y playa) que normalmente implicará un mayor peso de la construcción en el empleo que en otras economías. Sin embargo, es la tercera vez en 35 años que superamos una tasa de paro del 20%, sin que las otras veces se culpara al "ladrillo". Su conclusión ignora nuestro argumento de que la dualidad del mercado laboral afecta a la especialización productiva, siendo una de las principales causas de la burbuja inmobiliaria. Tras la fuerte caída de los tipos de interés reales durante el acceso al euro, las nuevas inversiones se centraron en sectores intensivos en mano de obra poco cualificada con contratos flexibles, como la construcción, en vez de en sectores con alto valor añadido pero mayor riesgo, como los de alta tecnología, incompatibles con el uso de rígidos contratos indefinidos. A diferencia de lo que afirma Martínez Noval, nuestras simulaciones tienen en cuenta este efecto indirecto y predicen que, con la brecha francesa, el aumento del paro habría sido bastante menor: del 8% al 15,5% en vez de al 21,5%.

El mismo razonamiento sirve para rebatir la falacia de que la regulación laboral no puede ser responsable del alto paro, porque es incompatible con la enorme diversidad de tasas de paro entre comunidades sujetas a iguales regulaciones -digamos Andalucía y Navarra-. En efecto, mientras que en 1995 el peso del empleo en la construcción era muy similar en ambas, alrededor del 10%, el boom inversor amplió la diferencia a más de 3 puntos en 2007. ¿Por qué? Posiblemente porque en 1995 la proporción de jóvenes que abandonaba la ESO en Andalucía era del 42% frente al 19% en Navarra y porque la tasa de temporalidad andaluza superaba en casi 20 puntos a la navarra. El exceso de trabajo no cualificado y el acceso a la temporalidad fomentaron en parte una especialización productiva diferente. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

Samuel Bentolila es profesor de Economía en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y Juan J. Dolado es catedrático de Economía en la Universidad Carlos III.