Conflicto abierto

Los poderes públicos están obligados a defender la propiedad intelectual y, desde ese punto de vista, la aprobación in extremis de la llamada ley Sinde es una buena noticia. Haber terminado la legislatura sin una norma que pusiera coto a la apropiación indebida de obras ajenas habría sido una mala señal. El acuerdo suscrito entre el PSOE, el PP y CiU ha logrado desatascar una norma necesaria que posiblemente no sea capaz de resolver los problemas que han convertido a España en el país campeón de las descargas ilegales, pero que lanza un balón de oxígeno a la industria cultural y un mensaje nítido a aquellos que todavía defienden con cierta demagogia un Internet libre y gratuito.

La actitud del PP, rechazando la norma para después en el Senado aceptarla con un par de cambios, ha complicado el tortuoso trámite de esta ley, lo que va a ser un peaje que pesará penosamente sobre la misma. En su favor está el haber forzado al Gobierno a buscar una fórmula más garantista. Con la enmienda consensuada, el juez deberá intervenir para identificar a los prestadores de los servicios y después para ordenar el cierre de la página web perseguida. La norma que rechazó el Congreso y ahora se ha aprobado en el Senado daba, sin embargo, poder a una comisión ministerial para investigar una web sin tutela judicial. El Gobierno, además, se ha comprometido a revisar el canon digital, lo que no deja de ser redundante, dado que la reciente sentencia del Tribunal Europeo le obligaba a corregirlo eximiendo a las empresas y Administraciones que no adquieren los aparatos sometidos al canon para la copia privada. El punto que despierta más controversia es el que establece que estas medidas se podrán adoptar cuando la prestación de un servicio "haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial". Esta actuación preventiva ya ha motivado que se anuncien recursos ante el Constitucional, lo que indica que la ley Sinde no cierra el conflicto.

Internet no es un espacio sin ley. No debe serlo. Pero las medidas aisladas no son suficientes para evitar las descargas y modificar los comportamientos. La Unión Europea sostiene que hay que revisar el sistema de licencias de uso de las obras y procurar la transparencia de las gestoras de los derechos de autor. Leyes similares en otros países a la ahora aprobada están provocando la migración de los internautas a sistemas diferentes al del intercambio de archivos P2P, los directamente vigilados.

Los problemas de adaptación de la industria a la nueva realidad digital eran acreedores de un debate social más amplio y una tramitación legal global y coherente. Una revisión profunda de la Ley de Propiedad Intelectual habría sido más adecuada para, además, perseguir las descargas ilegales. En su lugar, el Gobierno optó por una disposición final en la Ley de Economía Sostenible, la ley Sinde, que ha acabado por agudizar la polarización existente en torno a este asunto.