Ciudadanos de cristal

El derecho a la intimidad y la vida privada son el santuario de la persona. Pero no emergieron de la nada; al contrario, son el resultado de un largo proceso histórico, en el camino se derramó mucha sangre, sudor y lágrimas para convertir al siervo en ciudadano. Pero la necesidad de defenderse de los enemigos sigue siendo una amenaza para la sociedad civil. Un maestro masón como Benjamin Franklin, en su Patria de las Libertades, con gran clarividencia, advirtió de ese peligro. "Aquellos que sacrifican una libertad imprescindible para conseguir una seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad".

Ahora, Internet y las demás tecnologías de la información y comunicación nos ofrecen un mundo impensable hace tan sólo unos años, que debería conducirnos a la sociedad del conocimiento, pero no olvidemos que también son medios que permiten acceder con una precisión cada vez mayor, y de forma imperceptible, a los aspectos más íntimos de nuestras vidas. Un uso irracional de esos medios, bajo el pretexto de la Seguridad, haría realidad la amenaza del ciudadano de cristal, cada vez más transparente ante el Poder, en una nueva sociedad de la vigilancia, que progresivamente se distancia de las libertades que dice defender.

Una nueva ley de vigilancia nos hará transparentes ante la policía

Mantenernos alerta contra aquellas tentaciones políticas que, al albur de la seguridad, pretenden sacrificar derechos individuales debe ser ahora nuestro reto, pues, como decía El Roto, en una reciente viñeta, "cada vez que oigo hablar de seguridad me entra el pánico".

Tocqueville, entusiasmado por lo bien que se había asentado la democracia, escribió que EE UU era el país donde el futuro llegaba antes. Es el mismo país que, ahora, tras el 11-S, y bajo el eslogan de "Un Mundo más seguro" y con la USA Patriot como referente, está desarrollando una legislación restrictiva de los derechos civiles, sobre todo en lo referente a la intimidad.

En Europa, ese futuro ya ha llegado y se manifiesta en la Directiva 2006/24/CE, que establece la obligación para las compañías de telecomunicaciones de retener por un periodo de entre 6 y 24 meses numerosos datos de comunicaciones telefónicas y de Internet de todos los ciudadanos. Mediante la interpretación de estos datos se producen injerencias de alta intensidad en la privacidad, ya que los desplazamientos de las personas pueden ser vigilados, e, incluso los comportamientos, las relaciones personales y los gustos, pueden ser analizados. Y todo ello sin que el ciudadano dé motivo alguno para ser tratado como sospechoso, pero puede sentirse intimidado aun actuando dentro de la Ley. En esa vigilancia estatal hay un riesgo de abuso y muchas personas pueden tener el sentimiento de ser observadas.

España ha sido pionera en Europa a la hora de incorporar la controvertida directiva mediante un proyecto de ley, que será aprobado antes de concluir la legislatura, pero incomprensiblemente no ha generado polémica alguna, sin duda porque su gestión y desarrollo no ha trascendido a la opinión pública, y no por la falta de interés de los ciudadanos.

El proyecto carece de garantías sobre la utilización de los datos, ya que si bien es preceptiva la autorización judicial para la entrega de la información sobre los ciudadanos, la disponibilidad de esa información, es gubernativa y no judicial, es decir, quien la manejara es la policía no los jueces.

Esta ausencia de control judicial permitirá que se reinvente la práctica desterrada por el Tribunal Supremo, y la Fiscalía General del Estado (Circular 1/99), de realizar investigaciones predelictuales o de prospección desligadas de un hecho delictivo concreto, para ver si se descubre algo de alguien, por puro azar, pero sin saber qué se quiere descubrir.

Pocos van a discutir que el Estado no utilice la tecnología para la lucha contra la delincuencia. Pero un Estado democrático exige que el Poder sea transparente, no los ciudadanos, por eso las medidas a utilizar, además de respetuosas con el régimen de garantías, deben ser públicas y conocidas, pues es la única forma que tiene el ciudadano para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos. Seguridad sí, pero no a costa de derechos que tanto han costado conseguir.

Pedro Martínez es teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.