Aulas sin crucifijo

La Comisión de Educación del Congreso aprobó esta semana una proposición no de ley, a iniciativa de ERC y con el apoyo de PSOE, IU, ICV y BNG, solicitando que el Gobierno traslade al ordenamiento jurídico interno las disposiciones de una reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que da la razón a un padre italiano que reclamaba la retirada de los crucifijos en un colegio público. La sentencia estima que "el crucifijo en la escuela pública supone una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y de la libertad de religión de los alumnos". Aparte del voto en contra de PP y CiU, el alcance de la proposición ha suscitado controversia entre los mismos grupos que la han apoyado: para ERC, la retirada debe extenderse a todos los centros de enseñanza, mientras que para el PSOE se refiere sólo a los públicos.

Más allá de sus efectos jurídicos sobre el ordenamiento interno, que el Gobierno se ha comprometido a estudiar, la sentencia de Estrasburgo ha venido a recordar a través de un caso italiano que, en España, el mandato de aconfesionalidad de la Constitución de 1978 sigue sin ser cumplido. No porque así lo establezca ninguna ley, que sería inconstitucional, sino por una inercia y, sin duda, también por un temor que ha llevado a mantener inalterada una tradición. Al igual que el crucifijo en las escuelas públicas, los símbolos católicos siguen presentes en las ceremonias oficiales, desde las tomas de posesión de los altos cargos hasta los funerales de Estado. Y, puesto que cada vez con más frecuencia los símbolos no se corresponden con la fe de quienes participan en estas ceremonias, su mantenimiento sólo puede ser interpretado como una reminiscencia de la asociación entre catolicismo y poder político que marcó la historia de España y a la que la Constitución exige poner fin.

La interpretación de que la proposición no de ley obliga a retirar los crucifijos de todos los centros, defendida por ERC, choca con la libertad religiosa y de enseñanza que también consagra la Constitución. De acuerdo con el sistema actual, los padres tienen derecho a escoger la escuela para sus hijos en función, entre otras cosas, de su credo. Por eso sería ir contra las leyes exigir la retirada de los símbolos religiosos de los centros privados que proponen a los padres una educación acorde a su fe. Otra cosa son, sin embargo, los colegios públicos y, tal vez, algunos concertados, donde el mandato constitucional de aconfesionalidad del Estado resulta de plena aplicación.

El presidente del Gobierno cortó, en cualquier caso, la controversia que provocó la proposición al afirmar que la presencia del crucifijo en las aulas se abordará con ocasión de la prometida reforma de la Ley de Libertad Religiosa. Zapatero rectificó así la posición de su partido. ¿Por qué? De nuevo surgen sospechas de descoordinación y de que el presidente quiere contentar a demasiada gente.